La Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), conformada por magistrados orteguistas, ordenó al parlamento suspender el proceso de formación de la ley que anularía el decreto 03-2010 del presidente Daniel Ortega, la cual fue pasada a comisión el martes de la semana pasada, en la sesión que los diputados de oposición realizaron en el Holiday Inn.
El presidente del TAM, el magistrado orteguista Gerardo Rodríguez, dijo que la decisión se tomó sobre la base de un recurso de amparo que introdujo el diputado sandinista Edwin Castro, en contra de los diputados Wilfredo Navarro, Óscar Moncada, Carlos García y Alejandro Ruiz, quienes dirigieron la sesión de ese martes.
“Llegó ese amparo de Edwin Castro, en donde expresa que se reunieron una cantidad de diputados y que producto de esa reunión de diputados en el Holiday Inn habían tomado una decisión de enviar a comisión un anteproyecto de ley, y argumenta que el procedimiento fue anómalo, que no fueron convocados por el presidente”, dijo Rodríguez.
Según el judicial, aunque no caben los recursos de amparo en contra del proceso de formación de una ley, en este caso mandaron a trámite el recurso porque la acción de los diputados en el Hotel Holiday Inn viola el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Asamblea, en el último párrafo, el cual dice: “Las reuniones de diputados verificadas sin cumplir los requisitos exigidos por la presente Ley no causan efecto alguno y sus resoluciones carecen de validez”.
Lo que Rodríguez obvió es que la sesión sí había sido convocada para esa fecha por el presidente del Parlamento, sin embargo eses día las turbas lo impidieron.
TRIBUNAL ORTEGUISTA PROTEGE A SU PARTIDO
“Efectivamente, a la luz del artículo 49 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, que dice que el presidente es el que convoca a sesiones, que eso no ocurrió según lo dice el recurrente, y el artículo 3 de la Ley Orgánica, el párrafo final que dice que todo lo que se haga sin que cumpla los requisitos es ilegal”, afirmó Rodríguez.
“No se trata de un acto que forma parte del proceso de formación de ley, porque dijimos nosotros que como no cumple con los requisitos, no hay formación de ley. ¿Por qué dijimos eso nosotros?, porque como estamos claros que no cabe el recurso de amparo en contra del proceso de formación de ley, si hubiera sido dentro de las formalidades, dijimos nosotros, que exige la Ley Orgánica de la Asamblea, no cabe tramitarlo, pero como fue un acto que aparentemente viola el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Asamblea, entonces es tramitable”, agregó el magistrado Rodríguez.
El presidente del TAM indicó que ahora será la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la encargada de dirimir el asunto, sin embargo, en esa Sala permanece ilegalmente el ex magistrado Rafael Solís, quien, de fallar sobre ese tema se beneficiaría a sí mismo.
DIPUTADOS NO RECONOCEN ESE AMPARO
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del parlamento, José Pallais, desconoció ayer la legalidad del amparo emitido por el Tribunal de Apelaciones de Managua en contra de la sesión realizada el pasado 20 de abril en el Hotel Holiday Inn.
De acuerdo con Pallais, el Tribunal de Apelaciones no tiene la potestad de declarar la suspensión del trámite a una ley contra el decreto presidencial 03-2010.
“Un tribunal de apelaciones no puede declarar nula una sesión de los diputados, en todo caso tendría que ser la Sala Constitucional o la Corte Plena”, indicó el diputado Pallais.
Pallais afirmó que la comisión que preside definirá hoy el calendario de consultas para la ley que anularía el decretazo. Recordó que en el año 2008 se reformó la Ley de Amparo y quedó establecido que no se puede admitir ningún recurso en contra del proceso de formación de la ley.
ORTEGUISTAS NO DETIENEN PROCESO
“(El amparo) no nos detiene en absoluto, es una arbitrariedad, una intromisión, una leguleyada más, un descrédito más del Poder Judicial y se está exponiendo como fracasado, totalmente sometido a la autoridad y mandato de Ortega”, manifestó Pallais.
En efecto, el 23 de enero del año 2008 la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Amparo, con e respaldo de 87 de los 92 diputados a través de la cual se prohibió el control previo sobre las leyes.
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