La minería no metálica artesanal es un problema socioambiental oculto que las alcaldías no pueden resolver, ya que se trata de una actividad de alto riesgo y no puede ser controlado por las instituciones del Estado.
Así lo reveló el estudio “Comportamiento actual del sector minero no metálico y sus implicaciones socioambientales en Nicaragua”, concluido en abril de este año por el Centro Humboldt, dedicado a temas ambientales.
Entre los principales factores de riesgo detectados por Humboltd están los accidentes laborales, daños a la salud y la pérdida definitiva del suelo fértil.
Los terrenos de la minería no metálica suelen ser más accesibles que la metálica, porque ahí lo que está en juego es la piedra cantera, caliza, hormigón, pómez, material selecto, que no vale en pequeñas cantidades.
Angélica Alfaro, Oficial de Industria del Centro Humboldt, aseguró que los problemas de la minería no metálica se ven acentuados en el sector artesanal.
Esto se debe en parte a dos razones, según Alfaro. Una es que las empresas aparentemente están siguiendo las recomendaciones de la legislación ambiental nacional, en los aspectos de remediación.
La otra es que los mineros artesanales están ocupando las zonas abandonadas por los industriales para aprovechar lo que sus antecesores no pudieron.
El resultado es que los huecos dejados por la minería no metálica son convertidos en basureros ilegales, criaderos de mosquitos o sitios propensos a derrumbes.
Alfaro dijo que quienes se dedican a la minería no metálica artesanal generalmente trabajan sin las mínimas condiciones de seguridad, ni siquiera un casco, y generalmente son pequeños grupos familiares o cooperativas que están fuera del control de las autoridades.
“Ellos deben cumplir con el marco legal, sin embargo, por su actividad artesanal, cuentan con pocos medios para remediar”, expresó Alfaro.
El mismo hecho de que sea artesanal hace imposible saber cuánta gente se dedica a esto, el nivel de explotación, entre otros.
El estudio lo realizó el Centro Humboldt en San Juan del Sur, Cárdenas, Diriamba, Ciudad Sandino, Managua y Granada.
El organismo recomendó que se cree una ley especial para esta actividad, que las municipalidades realicen monitoreos más constantes a la misma, que los planes ambientales se hagan cumplir, y que la población denuncie las malas prácticas.
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