Juicios amañados, garantías inventadas, informes financieros maquillados, negocios y finalmente un perjuicio de 2.5 millones de dólares. De todo esto fue víctima supuestamente el Banco del Éxito.
Y este jueves fueron elementos que hicieron parte de la acusación del Ministerio Público, que pidió casa por cárcel para los acusados presentes y una explicación para las ausencias.
Después de cuatro horas de audiencia, en las que apenas se leyó la acusación de 40 páginas, la juez Concepción Ugarte, del Segundo Distrito Penal de Audiencia, reprogramó la cita para hoy.
Este viernes se espera escuchar a los 13 abogados que defienden a 47 acusados en el caso del Banco del Éxito, el último intervenido por la Superintendencia de Bancos.
El fiscal Manuel de Jesús Reyes Juárez señaló como principal acusado al ausente Gabriel Solórzano Perezalonso, presidente de la junta directiva del Banex, y pidió el sobreseimiento de Martha Yadira Hernández Zelaya y Luis Alberto Somarriba Bermúdez, dejando la cifra de acusados en 45.
El fiscal describió un “proceso de saqueo” y reveló que fue un extrabajador el que los alertó sobre las irregularidades.
Según Reyes Juárez, el Ministerio Público conoció de las irregularidades cometidas en el banco gracias a un salvadoreño.
Se trata de Sigfrido Aristóteles Esperanza Flores, un consultor financiero del Banex que luego denunció a la directiva del banco el 28 de julio de 2010 en el extraño horario de las 8:05 p.m.
El exfuncionario les dijo a los fiscales que una serie de actuaciones propiciaron la conocida insolvencia de la entidad.
Había, según él, una estructura de abogados que se quedaba con “el siete por ciento de cobros judiciales de las recuperaciones del Banex y hasta un 33 por ciento de comisiones en cobros judiciales”, un ejército que el experto cuantificó en 300 abogados.
Lo más delicado sin embargo fue cuando acusó a Solórzano Perezalonso de autorizar negocios relacionados con la escala de mando del Banex y arriendos que beneficiaron directamente a su familia.
PRÉSTAMOS IRREGULARES
La Fiscalía basó su acusación en una auditoría realizada por la firma Porras, Brown & Compañía.
Allí se encontraron irregularidades que fueron la causa para la acusación por delitos contra “el sistema bancario y financiero, gestión abusiva, autorización de actos indebidos, administración fraudulenta, estafa y estafa agravada”.
El estudio identificó que también una de esas faltas se cometió en un convenio con la Comercializadora San José Sociedad Anónima (Cosajosa).
Cosajosa la formaron 114 productores. El Banex financió con 1.6 millones de dólares para el ciclo 2008-2009 a esta sociedad y para el ciclo 2009-10 con 1.35 millones de dólares.
“Se constituyó como prenda de la producción en ambos ciclos agrícolas. Se emitieron bonos garantizados con la misma producción esperada, los que luego fueron sustituidos por maquinaria agrícola y planta procesadora que no presentaba la formalidad legal para ser tomada en garantía”, dice el documento.
El Ministerio Público acusó de hacer juicios simulados a los principales procesados, entre ellos, nuevamente, a Solórzano Perezalonso.
PRODUCTORES DE PLÁTANO
En el juicio se reveló que también se cometió falta en un financiamiento a productores de plátano, una operación denominada “NicFoods”.
De acuerdo con el fiscal, en este caso se realizaron avalúos de cuatro propiedades que servirían como garantía, las cuales fueron sobrevaloradas “con la intención de engañar a la entidad bancaria”.
Igual se plantea que la directiva del Banex llevaba a cabo reestructuraciones de los créditos, los cuales se hacían en los últimos cuatro días del mes, “con el propósito de mejorar las cifras de cierre en el balance del banco”.
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