Desde que se conoció que la Unión Europea (UE) observaría las elecciones del 6 de noviembre en Nicaragua, dijimos que se podía confiar en que los observadores de Europa harían un excelente trabajo: independiente, eficiente y honesto.
También manifestamos nuestra certeza de que, sin perjuicio de señalar los vicios del proceso electoral en las fases anteriores a las votaciones, si los observadores europeos constataban que las elecciones y el escrutinio del 6 de noviembre se realizaban de manera limpia y justa, así lo reconocerían oficialmente; pero si ocurría lo contrario también lo dirían sin ambages, a pesar de que Roberto Rivas había amenazado a los observadores extranjeros con que si se atrevían a criticar las elecciones los pondría en un avión y los echaría del país.
Pues bien, el informe preliminar presentado el martes de esta semana por la observación electoral de la UE, ha demostrado que ella no ha defraudado la confianza del pueblo democrático de Nicaragua. Por supuesto que los observadores europeos no dicen expresamente que hubo fraude, porque no lo pueden decir de esa manera. Pero ha sido muy significativo y ha quedado suficientemente claro su denuncia de que el Consejo Supremo Electoral actuó de manera “muy poco independiente y ecuánime, que no ha cumplido su deber de transparencia y colaboración con todos los partidos ” entre otras “serias limitaciones” que “reducen notablemente la capacidad de verificación de fases fundamentales del proceso, incluida la sumatoria de sus resultados en los centros de cómputo”.
También la observación electoral de la OEA denunció el mismo día de las elecciones, por medio de su jefe, el señor Dante Caputo, que las autoridades del CSE les habían impedido estar “en el momento preciso donde deberían estar y eso no es subsanable y alterará nuestra capacidad de trabajo Estamos navegando sin radar (se quejó Caputo) pero no se nos rompió sino que nos taparon el radar”. A pesar de eso el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó en un insólito mensaje que fue divulgado al día siguiente del fraude electoral orteguista, que el domingo 6 de noviembre “avanzó la democracia y la paz” en Nicaragua.
No sabemos lo que se dirá en el informe final de la OEA. Pero el de la Unión Europea junto con los reportes de los organismos nacionales cívicos y defensores de los derechos humanos, bastaría para que —después de agotar los recursos legales internos— se interponga la denuncia correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se pida a un gobierno democrático de la región que convoque al Consejo Permanente de la OEA, para examinar la crisis electoral de Nicaragua. La OEA tiene la obligación de tomar las medidas previstas en la Carta Democrática Interamericana para preservar la democracia, garantizar la realización de elecciones libres y contribuir a la preservación de la paz política y social en Nicaragua. Las elecciones sucias del 6 de noviembre deben ser anuladas y convocarse a nuevos comicios transparentes y justos, organizados por autoridades electorales que sea independientes y honestas.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
