La reingeniería es un concepto del lenguaje de los negocios que ha sido introducido a la política, para denominar aquellos procesos que antes eran llamados reorganización o reestructuración radical de los partidos y otras organizaciones partidistas, en el cual se incluye la renovación de sus dirigentes.
Sin embargo, en la política partidista con frecuencia se dice lo contrario de lo que se hace o se pretende hacer. De manera que muchas veces, cuando los políticos hablan de reingeniería de sus partidos en realidad no están pensando en transformaciones radicales, sino en aparentar que hacen cambios para no cambiar nada o para hacer modificaciones cosméticas, de forma pero no de fondo.
No sabemos cuál de esas dos modalidades de reingeniería, la real y radical o la formal y cosmética, es la que planean realizar los líderes del conmocionado Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el cual pasó de ganar las elecciones nacionales con más del cincuenta por ciento de los votos en 1996 y 2001, y de conseguir un 27 por ciento en los comicios de 2006, a recibir un pobrísimo 5.9 por ciento en noviembre recién pasado. Un dato, este último, que a pesar de todos los actos fraudulentos que cometió el orteguismo para atribuirse más votos y reducir los de su verdadera competencia, retrata la bancarrota de la otrora poderosa maquinaria electoral del PLC.
En realidad, lo que el PLC necesita es una reingeniería de verdad. Se podría alegar que esto es algo que compete solo a los miembros y dirigentes del PLC, pues ellos son los dueños de su partido y los únicos que pueden opinar y decidir si los cambios que tienen que hacer deben ser cosméticos o formales; y si, por ejemplo, Arnoldo Alemán debe ser separado del partido o seguir siendo su líder, aunque sin cargos específicos, como era Gadafi en Libia. Por otro lado, también hay quienes creen que la desaparición del PLC sería lo mejor para la lucha por la democracia en Nicaragua, que será ahora más difícil que en el quinquenio anterior y se necesita una oposición que no sea claudicante ni adicta al pactismo corrupto.
Pero los partidos políticos no son propiedad ni negocio privado de sus afiliados y dirigentes. Los partidos son instituciones de derecho público, según lo establece la Ley Electoral en su artículo 61, y por lo tanto están sometidos al escrutinio y la crítica pública. Además, son los instrumentos institucionales para formar la voluntad popular que se manifiesta en las elecciones de autoridades y representantes, de manera que los ciudadanos y la opinión pública tienen pleno derecho de opinar sobre cualquier partido, aunque no formen parte de ellos.
Desde esta perspectiva, no cabe duda que es del interés público democrático que la reingeniería del PLC sea real y no aparente. Para lo cual se requiere que este partido se someta a un intenso y sincero proceso de autocrítica y depuración, que se libere del caudillo y del caudillismo, que renuncie a las estrategias pactistas, que vuelva a actuar con fidelidad al legado político y ético de su precursor y fundador, el doctor Ramiro Sacasa Guerrero.
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