Elízabeth Romero y William Aragón
Por los vínculos con el partido de gobierno con quienes ejecutaron la matanza, según el activista de derechos humanos se trata de “crímenes de Estado”.
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La abogada Claudia Marieta Medina, quien fungirá como asistente del abogado de los familiares de las víctimas, dijo tener sus reservas con el proceso que se le sigue al secretario político del FSLN, al jefe policial y al funcionario del Consejo Electoral de Cusmapa, porque teme que la dirigencia del FSLN influya para que no sean encontrados culpables.
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A un día del juicio contra los acusados de ejecutar la matanza en El Carrizo, San José de Cusmapa, representantes de organismos de derechos humanos en el país desconfían en que haya un proceso justo y por tanto que la familia de las víctimas obtenga justicia.
El coordinador jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, denunció que además de la forma violenta en que fueron asesinados los tres miembros de la familia Torres, sus parientes han tenido que enfrentar el dolor junto a las maniobras de funcionarios del gobierno que han pretendido “disuadirlos” para que desistan de la acusación.
HALAGOS DEL GOBIERNO
Señaló Carrión que han sido constantes los ofrecimientos de parte de funcionarios del gobierno a los familiares de las víctimas. Esto lo han hecho bajo el argumento “del perdón y reconciliación”.
Según dijo, a la familia de las víctimas muchas veces les han llevado ayuda alimentaria, pero disfrazada con otros propósitos, cuando es un derecho que el Estado atienda sus necesidades. Pero la familia de los asesinados se ha mantenido firme en su demanda de justicia, expresó.
El pasado 8 de noviembre fueron asesinados Mercedes Torres Pérez, y sus hijos Josué Sael y Elmer Torres Cruz, cuando los acusados llegaron a su comunidad a atacarlos.
Los acusados son el secretario político del FSLN, de Cusmapa, Jesús Herrera Zepeda; el subcomisionado Elvin López Aguilera, exjefe policial de esa zona; los policías Mauricio José Díaz Jiménez, Martín Ramírez Izaguirre y Pablo Alvarado Espinoza, además del funcionario del Consejo Electoral de esa localidad, Eusebio Cruz Montenegro.
DUDAS SOBRE FISCALÍAY PODER JUDICIAL
Las dudas están en el papel que desempeñará la Fiscalía y el poder judicial, coinciden Carrión y el director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (NPDH), Roberto Petray.
Carrión recordó que es evidente la forma diferenciada con que han actuado los operadores de justicia al “perseguir” a los que perpetraron la matanza en El Carrizo, con los que asesinaron al secretario político del Frente Sandinista, en Coperna, Siuna.
Esto “lo dice todo”, refirió Carrión, quien apuntó que mientras en Coperna “los operadores de justicia la echan toda sin escatimar esfuerzos (…) y sin misericordia, pues ha habido cacería”, en el proceso por la masacre en El Carrizo ha sido diferente y los acusados hasta han gozado de ciertos privilegios.
Por su parte, Petray, recordó que ya ha habido un adelanto de lo que puede ocurrir, con la exclusión de testigos claves por el judicial. En ese momento el judicial de la causa argumentó que desestimaba a los testigos del abogado particular por considerar que este fungía, desde un inicio del proceso, adherido al Ministerio Público, único que debe presentar las pruebas y testigos.
“Nosotros ya sabemos que el juicio va parcializado. Es la preocupación de nosotros, que no hay muchas esperanzas de que sea un proceso justo para la víctimas, sino un proceso viciado”, sostuvo Petray.
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SOBRE LOS TESTIGOS
Sobre la desestimación de los testigos y pruebas que presentaría el abogado Harold Armando Barahona Betanco, en representación de los familiares de las víctimas de El Carrizo, el juez de Distrito Penal de Juicio de Madriz, Erick Laguna Averruz, dijo: “Si él sabía que necesitaba presentar esas pruebas y testigos, debió acreditarse en el proceso como abogado particular de la familia, fuera de lo que hace el fiscal que lleva el caso”.
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