Elízabeth Romero
Una denuncia contra el ministro del Transporte e Infraestructura (MTI), Pablo Martínez, por perjuicio económico de dos millones de córdobas en contra del Estado de Nicaragua, introdujeron tres servidores públicos despedidos de esa institución, quienes desde hace cinco años mantienen una demanda laboral por esa causa.
Álvaro Leiva Sánchez, quien es secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Lila Carolina Alvarado y Aníbal de Jesús Rivas, piden a la Contraloría General de la República (CGR) a través de su oficina de recepción de denuncia ciudadana que analice y dé seguimiento a la denuncia.
A Martínez le responsabilizan de no cumplir con la cláusula 16, inciso C, del convenio colectivo vigente de esa institución, que provocó la acumulación de una mora pública al no pagar a los empleados las prestaciones establecidas, lo cual ellos califican de “actos arbitrarios”.
El convenio colectivo del MTI establece que en caso de despido se le debe mantener el salario y prestaciones al perjudicado, mientras duren los procesos administrativos y judiciales, recordó Leiva Sánchez.
En su escrito los perjudicados dicen a la CGR que esa deuda “nunca tuvo razón de haber nacido si se hubiera cumplido con lo establecido en la Ley y en el Convenio Colectivo vigente del MTI”.
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