No cabe duda y debe ser reconocido que la OEA procura siempre un equilibrio sustentado de completa legalidad, que en definitiva promueva y fortalezca la credibilidad de sus resoluciones ajustadas a sus propias normativas, elaboradas de previo a disposiciones muy puntuales en su pleno ejercicio y funcionalidad. Pero este organismo lamentablemente tiene señaladas fallas, creadas por sujetos víctimas de intereses políticos y muy afines a gobernantes ajenos al culto que merecen los postulados de la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional. Sobre este particular es importante recordar que el derecho internacional, tiene como finalidad regular totalmente y sin reserva las relaciones internacionales de todos los estados existentes en la actualidad; y como meta fija, tal derecho se manifiesta en forma absoluta en el mantenimiento de la paz mundial “y el desarrollo de la colaboración pacífica entre todos los estados”.
Vale la pena agregar que el derecho internacional destaca como muy sobresaliente, el papel que deben desempeñar con eficiencia y talento las personas encargadas del funcionamiento y responsabilidad de los organismos, en sus labores vinculadas a los reglamentos que determinan la estructura de los dictados con resoluciones de plena observancia.
Con estos antecedentes hay que considerar que la Carta Democrática, con partida de nacimiento el 11 de septiembre del 2001, hizo resaltar que “la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.
Asimismo, la Carta recomienda la “promoción y protección de los derechos humanos, también la educación de los ciudadanos como base de desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido”. Y hay que tener presente siempre que este documento vital considera que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Congresistas de Estados Unidos han declarado que el Gobierno de Nicaragua debe ser sometido a riguroso examen en la Cumbre de las Américas que se celebra en Colombia, para conocer y deliberar si ha cumplido estrictamente con los ordeno de la Carta Democrática Interamericana. Como jurista y devoto a tiempo completo de la democracia y de todos sus principios, tengo esperanza que Nicaragua —nuestra patria amada— ocupe en corto plazo, el lugar que merece con un gobierno que le rinda tributo a las formalismos legales que sean pilares de total fortaleza para un estado de derecho que deba y pueda garantizar paz, trabajo y fraternidad. ¡Así sea!
El autor es miembro de la Academia de Juristas y Ciencias Políticas de Nicaragua.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
