Washington/EFE
El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos celebra hoy una audiencia para tratar la constitucionalidad de la ley de inmigración de Arizona, en vísperas de la vista del Tribunal Supremo relativa al caso.
Entre los participantes en la audiencia del Subcomité de Inmigración, refugiados y seguridad fronteriza, se encuentra el principal impulsor de la ley y exsenador por Arizona, Russell Pearce.
Por contra, la audiencia tiene lugar a petición del presidente del comité, el senador demócrata Charles Schumer, partidario de promover la reforma migratoria que la Administración Obama ha tratado de llevar a cabo infructuosamente por el bloqueo de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.
El Departamento de Justicia presentó la demanda contra el estado de Arizona, de manera que los jueces del Supremo decidirán a partir de mañana si mantienen la suspensión sobre cuatro secciones de la SB1070 que fueron bloqueadas por la juez federal Susan Bolton en 2010, antes de que entrara en vigor la medida.
La conocida como ley SB1070 se ha “fragmentando” de tal manera que sólo ciertos puntos son los que considere el máximo tribunal del país cuando se presenten los argumentos.
Una de las secciones más controvertidas de la ley es la 2(b), la cual permitiría a los agencias del orden cuestionar el estatus migratorio de una personas si “tiene una sospecha razonable” de que se encuentra de manera ilegal en este país, lo que se ha denominado como “perfil racial”.
Además de la sección 2 (b), Bolton bloqueó la sección 3, que convertiría en delito bajo la ley estatal de Arizona si un extranjero no cumple con la ley federal de portar sus documentos migratorios.
El incumplimiento podría castigarse con 20 días de cárcel por la primera infracción y 30 días por las siguientes violaciones. La sección 5 (c) convertiría en delito estatal que una persona no autorizada para trabajar en Estados Unidos solicite empleo.
El término “solicitar” incluye cualquier tipo de comunicación o gesto que indique que la persona quiere ser empleada, y violaciones a esta sección podrían ser castigadas hasta por seis meses de prisión y una multa de 2.500 dólares.
La cuarta sección cuestionada, la sección 6, autoriza a los departamentos policiales a arrestar inmigrantes sólo con “una causa probable” de que hayan cometido una ofensa, lo que podría suponer que su caso se incluyese en un proceso de deportación.
Hace un año el Tribunal Supremo ya se pronunció sobre materia migratoria en el estado de Arizona, apoyando una ley que permite demandar a los empresarios que contraten inmigrantes sin regularizar e incluso cerrar sus negocios, una normativa a la que se opuso el Gobierno federal.
Los expertos temen que aquel precedente sea sintomático de la decisión que tome ahora el máximo tribunal.
