Elízabeth Romero
Estabilidad laboral y generación de empleos sin que sean condicionados por un aval político a través de los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
Esas son algunas las demandas que el Congreso Permanente de Trabajadores (CPT) hará al gobierno inconstitucional de Daniel Ortega, este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
- SINDICATOS GUSTAN POCO A TRABAJADORES
Esto se ha visto más reflejado con las construcciones de las llamadas Casas para el Pueblo donde no se cumple con las prestaciones sociales, convenios colectivos, ni siquiera el salario mínimo, por lo que estimó están en la “indefensión”.
[/doap_box]
Las organizaciones del CPT han convocado a sus afiliados a celebrar con una marcha que saldrá de los semáforos de la Tenderí, pese a la amenazas vertidas a los empleados estatales para obligarlos a asistir a la actividad del oficialista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), denunció
Maritza Hernández, de la Unidad Sindical Magisterial.
Hernández manifestó que el principal reclamo del sector es salarial, pues devengan salarios bajísimos, 3,500 córdobas en educación primaria y cuatro mil en secundaria.
Emilio López, de la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN, conocida por su dirigente Carlos Huembes), dijo que la demanda es más empleo pero sin ningún chantaje, pues actualmente si el trabajador solicita empleo “tiene que llevar el aval del CPC del barrio”, pero cuando llega al sitio no le dan trabajo porque la prioridad es para el de la línea del partido de gobierno.
“Al carajo todo eso de los CPC y reformas a la Ley de municipios para poner más vagos de los CPC en los consejos”, demandó por su parte Antonio Jarquín, de la CTN Autónoma.
El dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, criticó por su parte la política reincidente de violentar la libertad sindical, el fuero sindical y los convenios colectivos.
“Hemos sido discriminados, hemos sido reprimidos, realmente como una política de Estado”, dijo Leiva Sánchez, quien contabiliza hasta ahora 23 mil servidores públicos despedidos y más de 150 organizaciones sindicales descabezadas.
Jarquín y Nilo Salazar, de la CGT independiente, coincidieron en que este día servirá para rechazar una reforma a la Ley de seguridad social. También para reclamar que los salarios mínimos sean establecidos en relación con el precio de la canasta básica, que actualmente tiene un valor estimado en 11 mil córdobas.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,5 A