La declaración de la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, señora Phyllis M. Powers, acerca de que es “muy difícil” que su gobierno apruebe este año las dispensas (waivers) para Nicaragua, no debían sorprender a ningún nicaragüense que estuviera más o menos bien informado. Mucho menos a los líderes del Gobierno y los empresarios, ni a los analistas económicos y políticos nicaragüenses.
En su discurso ante la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana (Amcham), el viernes 11 de mayo, la embajadora estadounidense dijo textualmente: “La persistente falta de transparencia fiscal, la incapacidad del Gobierno de Nicaragua de tomar acciones concretas para resolver las nuevas tomas e invasiones de propiedades de ciudadanos estadounidenses y, especialmente las graves irregularidades del proceso electoral del año pasado y la ausencia de medidas que indiquen que se está mejorando las condiciones para las elecciones de este año, hacen que la decisión para el otorgamiento de las dispensas sea muy difícil”.
Como se sabe, las famosas dispensas o waivers estadounidenses son dos: una de transparencia fiscal, para tener acceso a los programas de ayuda bilateral de Estados Unidos, y la otra, de solución a los problemas de propiedad de ciudadanos estadounidenses, para que el Gobierno norteamericano avale los créditos a Nicaragua en los organismos financieros internacionales.
Lo que hizo la embajadora Powers fue confirmar lo que la secretaria de Estado de EE.UU., señora Hillary Clinton, ya había advertido en un comunicado oficial el miércoles 25 de enero de este año. En ese documento, después de mencionar que las elecciones del 6 de noviembre pasado “no fueron celebradas de forma imparcial y transparente” (y más bien) “marcaron un retroceso a la democracia”, la secretaria de Estado Clinton advirtió que “como parte de la revisión de nuestra ayuda y nuestra política hacia Nicaragua, Estados Unidos continuará aplicando un escrutinio agresivo para proyectos de préstamos”. Y agregó que su gobierno se opondrá “a cualquier propuesta de préstamo que no reúna los altos estándares de esas instituciones, o que no conlleven suficiente impacto de desarrollo”.
Después que se conoció ese comunicado de la secretaria de Estado, líderes empresariales de Nicaragua fueron a Washington a cabildear por la aprobación de las dispensas o waivers. Y al mismo tiempo pidieron el cambio total del Consejo Supremo Electoral, entre otras peticiones democráticas, como una muestra de buena voluntad de Nicaragua para rectificar el socavamiento de la democracia realizado por el régimen de Daniel Ortega.
Pero lo único que ha hecho Ortega es aprobar una farsa de reformas a la Ley Electoral, mientras mantiene en sus cargos a los magistrados espurios y fraudulentos del Consejo Supremo Electoral, los cuales siguen preparando otro fraude para los comicios municipales del próximo 4 de noviembre. De manera que quien no hace bien la tarea no puede esperar que le otorguen buenas notas de aprobación. Y si Estados Unidos aprobara los waivers o dispensas avalaría el retroceso de la democracia en Nicaragua que la señora Clinton criticó en enero pasado.
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