El sistema constitucional de alternancia del poder en Nicaragua, además de frágil y peyorativo, ha costado mucha sangre. Esta práctica civilizada y común, donde el gobernante al término de su período entrega la presidencia, es un ejercicio rutinario, sin menoscabo, en muchos países democráticos.
En Nicaragua es inusual, ya que por irrespetarse la Constitución tensa, al final del período presidencial, la vida democrática de la nación, ya que el gobernante expresó, sin sonrojos, que permanecerá en el cargo, no obstante la estricta prohibición constitucional.
Y no es que la Constitución Política carezca de normas claras, sino que abundan en el país sujetos contumaces y abyectos que propician descaradamente la innoble e insensata tarea al ambicioso gobernante.
El arto. 148 de la Constitución establece rigurosamente la alternancia en la presidencia, al fijar en cinco años el período del gobernante. Y el 147 de la Constitución prohíbe la reelección en el período siguiente y también después de dos períodos alternos.
Los ingeniosos y conspicuos gobernantes que ha tenido en algún mal momento Nicaragua, extrañamente buscan atajos, rendijas y desfiladeros, para exhibir su perpetuo amor al derrumbe, ya que al final de los enredos los engullen las mismas trampas que usaron, claro está, con los cómplices de siempre, bajo el auspicio sospechoso de tantos eufemismos.
Basta entonces recordar a Somoza García y a Somoza Debayle, que no terminaron su existencia “forrados de billetes en sus palacetes europeos”, como otros dictadores, “rememorando entre nubes de alcohol y excesos carnales y ventrales sus pasadas fechorías”, como lo describe Mario Vargas Llosa con una pulcritud luminosa. El primero, tiroteado encima de su aparato poderoso de seguridad, y el segundo, antecedido y atrás por una caravana militar de resguardo, muere despedazado en una calle extranjera. Epílogo funesto de dos dictadores marcados por un destino común, la muerte prematura.
Ahora bien, la rigurosa alternabilidad en la presidencia de la República emana del respeto profundo a las normas constitucionales. El acatamiento a esos principios jurídicos robustece en toda forma y sentido a la nación. Por eso decía sabiamente el doctor Carlos Cuadra Pasos, refiriéndose a la temporalidad del poder que ostenta un presidente: “Poder que la Constitución afirma en el mando, pero que lo hace rigurosamente transitorio en el tiempo”. Y concluía que es la única manera de librarnos de las tentaciones de la dictadura.
La historia recoge admirablemente los 32 años de gobierno conservador después de 1858. Cada cuatro años se dio la sucesión de manera ininterrumpida: Tomás Martínez, Fernando Guzmán, Vicente Cuadra, Pedro Joaquín Chamorro, Joaquín Zavala, Adán Cárdenas, Evaristo Carazo y Roberto Sacasa. Estos hombres tenían un concepto superior y casi místico de lo que significa y representa la presidencia de la República y el respeto y obediencia a los cuatro años de mando que les otorgaba la Constitución Política.
En 1990 doña Violeta Barrios de Chamorro inauguró un período singular de gobiernos democráticos que se prolongó hasta el año 2007, respetándose inmaculadamente la alternabilidad en el cambio de gobierno. A partir de ese año, con la llegada de Ortega a la presidencia, cada vez es más creciente la idea de que se estructura una dictadura.
Quizás la humildad del presidente Vicente Cuadra sintetiza magistralmente el sueño de los nicaragüenses, ver a Nicaragua liberada de dictaduras, cuando le dijo al general Máximo Jerez: “Convénzase usted de que soy un gobernante fuerte; por la razón de que no he desaliñado mi valija, porque estoy entendido de que esta casa no es mía”.
El autor es abogado.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
