En las próximas elecciones municipales quiero estar dentro del recinto de votaciones, observando atentamente todo el procedimiento y listo a denunciar cualquier irregularidad o fraude. Y espero hagan lo mismo mis hijos, esposa, parientes y amigos.
¿Pero por qué participar? me podrán decir. Porque la trampa del orteguismo en las próximas elecciones municipales es desalentar a la oposición para que no participe. Por eso es que no cambia a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE). Si sus adversarios no dan la lucha, Ortega podría ganar legítimamente y oxigenar al moribundo PLC de Alemán, quien llenaría los espacios vacíos.
La forma de salirle al paso es participando con un buen ejército de fiscales. Participar no garantiza que el CSE no trampeará otra vez, pero sí que no lo hará impunemente. Gracias a los fiscales y sus actas de escrutinio, la oposición demostró en forma irrebatible, al día siguiente de las elecciones municipales del 2008, las discrepancias entre los resultados reales y las cifras adulteradas del CSE. Tan contundente fue la denuncia que este no se atrevió a publicar las actas de votación, lo que hizo evidente su robo y ocultamiento. El gobierno pagó un alto precio. Varios países expresaron su repudio; unos en forma abierta, como los Estados Unidos que cortaron su programa Ruta del Milenio, otros en forma menos frontal.
En los comicios presidenciales del 2011, y el CSE volvió a trampear manipulando la entrega de cédulas, la acreditación de fiscales y otros trucos. Pero esta vez la fiscalización opositora no fue tan efectiva y el PLI tardó en señalar las discrepancias. Parte de ello se debió a las maniobras del CSE, que provocó la ausencia de sus fiscales en muchas mesas, pero también a que la oposición no logró montar un ejército de fiscales debidamente equipados para defender y monitorear el voto, en parte porque mucha gente, incluyendo quizás lectores de este artículo, prefirió quedarse en casa.
Si esta vez, miles de ciudadanos y profesionales, amas de casa y empresarios, universitarios y bachilleres se registran para participar en los comicios, ya sea como uno de los 11,308 fiscales, o como parte de la gran red de apoyo logístico que necesitan, al gobierno se le haría más difícil ocultar un fraude. Todos equipados con celulares y redes de comunicación eficientes, podrían registrar los resultados verdaderos de la votación y dar a conocer cualquier discrepancia. Y luego podrían actuar la ciudadanía, lista a tomar cívicamente las calles o alcaldías de aquellos municipios donde gane la oposición y el CSE no lo reconozca.
Actuando así la oposición conservaría o ganaría nuevos espacios y minaría aún más la legitimidad de Ortega. Los desenlaces en la lucha contra las dictaduras se logran tras la acumulación de factores que minan al adversario.
Un gobierno que no es percibido como legítimo por la población o la comunidad internacional, por ser producto del fraude, la fuerza o la ilegalidad, tiene menos probabilidad de prevalecer que uno percibido como justo, legal y limpio.
Aún los reyes absolutos de antes buscaban justificar su autoridad alegando el origen divino de la misma. Sin legitimidad es muy difícil conservar el poder cuando cambian los vientos, que en Nicaragua van a cambiar.
Con o sin condiciones hay que dar la batalla: buscar buenos candidatos a alcaldes, asumir la molestia de participar intensamente en la supervisión electoral, apoyar con plata o tiempo la causa, alistarse a defender el voto, cosa que no se ha hecho nunca antes. Hay que enfrentar al adversario como David con la honda: confiando en Dios y sin miedo a Goliat.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
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