El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) es prácticamente el único interlocutor del Gobierno, en la negociación de la reforma tributaria que será aprobada en lo que resta del año. A algunos otros sectores el Gobierno les permite enviar por escrito sus observaciones sobre el proyecto de reforma, pero en la negociación directa solo acepta la participación del Cosep.
De hecho el Cosep es el único interlocutor del Gobierno y no solo para asuntos económicos. Como Daniel Ortega maneja un enfoque corporativista y un estilo fascistoide en el ejercicio del poder público, no acepta interlocución con la clase política ni con la sociedad civil, ni siquiera en los temas que a estos les atañen directamente. Inclusive a la Iglesia católica, Ortega no la reconoce como interlocutora, a pesar que desde el año 2007 la conferencia de obispos le solicitó un diálogo para tratar problemas de interés bilateral y asuntos de conveniencia general y nacional. En su relación con la sociedad religiosa el presidente inconstitucional solo quiere tener como referentes a curas designados por él mismo, sumisos a su voluntad, así como obedientes pastores de otras denominaciones eclesiásticas que sacan provecho de su compromiso incondicional con el régimen orteguista.
La política de Ortega de negar la capacidad y el derecho de interlocución a instituciones civiles y sectores sociales claves, y reconocerlo solo a la clase empresarial, es una aberración autoritaria y una violación de la Constitución, la cual consagra el derecho de participación sin exclusiones y establece que la función gubernamental debe ser ejercida en beneficio de todo el pueblo, no solo de determinados sectores designados por el Gobierno.
Pero tal es la realidad de Nicaragua y esta situación solo podrá cambiar cuando se restablezca la democracia republicana y, con ella, los mecanismos de comunicación e interlocución sin exclusiones del Gobierno con los gobernados. Mientras tanto, en casos como el de la nueva e inminente reforma tributaria que será aprobada próximamente, hay que respaldar al Cosep y darle un voto de confianza en sus negociaciones con el Gobierno. Es cierto que según los expertos las propuestas del Cosep no son muy distintas al proyecto oficialista de reforma tributaria. Pero hay una diferencia fundamental porque el sector empresarial apunta a que la reforma tributaria sea una herramienta para incentivar el crecimiento económico e impulsar el desarrollo sostenido del país, no solo o no tanto un instrumento recaudatorio del Estado.
“Lo más importante para el sector privado es que la reforma efectivamente promueva la competitividad empresarial, la productividad laboral, la inversión y la generación de empleos”, expresó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, al presentar el lunes pasado su propuesta de 31 puntos sobre la reforma tributaria que planea el Gobierno. Ese objetivo representa los intereses de los empresarios privados, sin duda, pero también conviene a los diversos sectores de nuestra sociedad.
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