TEGUCIGALPA /AP
Una Comisión de Verdad que revisó los hechos que provocaron y siguieron al golpe de Estado que expulsó de la presidencia de Honduras a Manuel Zelaya en 2009 presentó el miércoles un informe que reclamó la sanción de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país desde entonces.
La presidenta de la Comisión de Verdad Elsy Monge dijo a The Associated Press que “la razón de ser de este informe es darle voz a las víctimas y detener las violaciones a los derechos humanos que siguen produciéndose desde el golpe de Estado a través de juicio y castigo de los responsables materiales e intelectuales, militares y civiles”.
Cientos de personas que portaban velas y retratos de las víctimas abarrotaron el auditorio en el que se presentó el informe, acto en el que también participaron representantes de las embajadas de Brasil, México, Nicaragua, Ecuador y el Salvador.
El informe presenta el contexto histórico previo al golpe de Estado, la recolección de 1.966 testimonios y más de 5.000 violaciones a los derechos humanos verificadas entre junio de 2009 y agosto de 2011 en todo el país, para concluir con una serie de recomendaciones al Estado.
Zelaya, presente en el acto, dijo a The Associated Press que “el informe contribuirá a que se sepa que la crisis política que vive el país fue iniciada precisamente por el golpe” y “espera que termine la injerencia extranjera en los asuntos internos de Honduras”. Agregó que con este informe “se honra a las víctimas, entre las cuales soy la última por importancia , pero la primera por cronología”.
Según el texto, se produjeron 58 asesinatos durante el golpe de estado así como 5 desapariciones forzadas, 3 de ellas permanentes, 84 actos de tortura, 11 violaciones y 11 secuestrados. De todos estos hechos se responsabiliza en un 30% de los casos a las fuerzas armadas y en un 44% a la policía.
También indica que el 66% de las violaciones de derechos humanos tuvieron lugar en Tegucigalpa y el 60% se produjeron durante los seis meses posteriores al golpe y señalan como responsable de las mismas al entonces presidente de facto, Roberto Micheletti.
La Comisión indicó que a partir del golpe de Estado “se constata la aplicación de una práctica de acciones y omisiones delictivas que representan la transgresión de derechos humanos y libertades fundamentales y se verifica la perpetración de crímenes de lesa humanidad” con la “complicidad del sistema de administración de justicia”.
Asimismo, señaló que ha habido “continuidad e incluso el agravamiento de estas políticas violatorias de los derechos humanos hasta el presente” y que a partir del golpe de Estado y con la anuencia del gobierno “se han desarrollado las operaciones de grupos que… funcionan con procedimientos y metodologías de escuadrones de la muerte”.
Según el informe, la amnistía decretada en enero de 2010 “es una manifestación de una política de impunidad” y por eso Honduras necesita “juicio, castigo y reparación de las víctimas”.
La Comisión, creada en 2009, está integrada por Monge, la argentina Nora Cortiñas de las Madres de la Plaza de Mayo; Mirna Perla, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador; el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel y los hondureños la escritora Helen Umaña y el sacerdote Fausto Milla.
Monge pidió que se reabra el juicio a la junta de comandantes que implementó el golpe de Estado “ya que se les acusó de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y por expatriación en perjuicio de la seguridad interna y el juicio no sólo fue sobreseído sino que se limpió su hoja de servicios”.
El documento también es muy crítico con la política de Estados Unidos hacia Honduras. Perla indicó que los miembros de la Comisión realizaron más de 200 peticiones de información según la ley de acceso a la información pública de Estados Unidos pero que “muy pocas fueron respondidas” y “siempre sin información relevante”.
Puso como ejemplo que “sigue sin hacerse pública la información relativa a la escala que hizo el avión que expatriaba al presidente Zelaya en la base aérea de Soto Cano controlada por el ejército de los Estados Unidos”.
El informe critica que “la administración del presidente (Barack) Obama no condenó las violaciones masivas de los derechos humanos que ocurrieron tras el golpe sino sólo casos puntuales y nunca reconoció que lo que se produjo en Honduras fue un golpe militar”.
Entre las recomendaciones, entregadas el miércoles al presidente Porfirio Lobo, se encuentran la sanción de los responsables intelectuales y materiales del golpe, la reparación a las víctimas, la anulación de la ley de amnistía, el retorno al país de las personas perseguidas y la inclusión de lo sucedido en los programas de estudio así como separar de sus cargos a los funcionarios militares y civiles que participaron en el golpe.
Milla afirmó que “la presentación del informe es solo el primer paso de nuestros trabajos, que no concluirán hasta que se de cumplimiento a la última de nuestras recomendaciones”.
En junio de 2011 una Comisión de la Verdad y la Reconciliación impulsada institucionalmente emitió 84 recomendaciones al gobierno de Lobo. En junio de este año la unidad de seguimiento de las mismas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, denunció que sólo 13 habían sido puestas en marcha.
