Redacción Central
Durante el foro político-jurídico sobre la “Lucha contra la impunidad en Centroamérica: Reflexiones a partir de la experiencia de la Cicig-MP”, el exmagistrado judicial de Nicaragua y experto en Derecho Penal y Criminología, Sergio Cuarezma Terán, advirtió que el Estado es vulnerable al crimen organizado.
El foro, que se realizó el jueves en Ciudad Guatemala, tenía el objetivo de compartir públicamente reflexiones hechas a partir de la experiencia del combate de la impunidad en Guatemala, con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas (Cicig).
Cuarezma también señaló que los problemas que tienen los países de la región se deben en buena medida al diseño, organización y estructuración del Estado.
Según el experto, “los Estados de Derecho de la mayoría de los países centroamericanos actualmente no están acabados. Son pura construcción formal, fragmentados, no se edifican sobre la base de la garantía de los derechos humanos ni de la división de poderes, y para el poder la persona sigue siendo súbdito y no ciudadano, y a la sociedad civil se le excluye en la participación de tomas de decisión”.
La mención le fue otorgada en el marco de la firma del convenio profesional y académico que el Colegio firmó con el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) para llevar investigaciones conjuntas y capacitar a sus miembros con estudios de posgrados.
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“Este panorama, para el crimen organizado, representa una oportunidad para sus inversiones ilícitas”, advirtió Cuarezma.
LA REGIÓN VISTA COMO TIERRA FÉRTIL
Los miembros del crimen organizado, que son empresarios, pero ilícitos, ven Centroamérica como tierra fértil para sus inversiones y el tráfico de su mercancía por la falta de mecanismos de control propios del Estado de Derecho. No ven riesgos para su inversión ilícita, más que los colaterales (cuando algunos de sus operarios cae preso o decomisan la mercancía), porque saben que los Estados de la región no tienen el mismo desarrollo en todos, en la mayoría existen pero en papel, no responden a una arquitectura propia del Estado de Derecho.
Agregó que algunos Estados tienen rasgos feudales, coloniales y otros multiculturales, pero que en la mayoría no han cuajado en un Estado de Derecho Constitucional. Como resultado, no impera la Ley, sino el poder del fuerte y, en consecuencia, la corrupción.
“Esto explica, por ejemplo, que funcionarios de nuestros Estados sean vulnerables de llegar a tener excelentes relaciones con sus miembros o bien implicados en el crimen organizado”, advirtió .
El exmagistrado indicó que este fenómeno es complejo de controlar, pero si se desea abordar con seriedad y responsabilidad la “región debe de tener estándares mínimos para iniciar su lucha, avanzar en su integración, tener un Estado de Derecho constitucional, supremacía de la Ley, legalidad administrativa, división y control constitucional del poder, (y) para llevar a cabo todo esto, se necesita voluntad y responsabilidad del poder político, social y económico regional y local”.
El foro debate, moderado por la representante en Guatemala de la Plataforma Holandesa Contra la Impunidad, Anabella Sibrián, fue organizado por la Embajada del Reino de los Países Bajos en Guatemala, la Cicig, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Plataforma Holandesa contra la Impunidad de Guatemala.
En el foro también participaron la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, y el comisionado de la Cicig, Francisco D’llanese, entre otros expertos de Argentina, Honduras, Nicaragua, México e Italia.
Los participantes coincidieron en que para combatir el crimen organizado, la región Centroamericana debe de apostar por fortalecer el Estado de Derecho y el impero de la Ley.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
