Lucía Navas
Nicaragua macroeconómicamente obtiene buenas calificaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), al punto que le consideran una economía “muy sana”.
Es cómoda la posición que tiene el país con el organismo internacional —considerado el supervisor mundial—, al punto que a futuro inmediato el Gobierno podría no solicitar un nuevo acuerdo macroeconómico. Pero el hecho que la economía global enfrenta una fuerte crisis y siendo Nicaragua el segundo país más pobre de América Latina, las autoridades deben tener a todos los aliados de su parte para que les ayude a enfrentar cualquier complicación, y ese es precisamente por lo que un nuevo programa con el Fondo Monetario no puede descartarse del todo.
En esta entrevista con LA PRENSA, Miguel Savastano, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, es enfático al afirmar que si al final del encuentro que los equipos del Gobierno nicaragüense y del Fondo tengan a finales de noviembre deciden negociar un programa macroeconómico, el organismo presionará porque se cumplan las reformas estructurales que el país requiere siendo clave la del Seguro Social.
Usted valora que la economía nicaragüense está bastante sana, lo mencionó en la conferencia del informe de Perspectivas para América Latina. ¿ Cuáles son esos elementos que determinan la sanidad?
Fundamentalmente el manejo macroeconómico en Nicaragua después de la crisis (2008-2010) ha sido prudente. Como sabes, se da en un contexto donde había un programa con el Fondo, entonces el manejo fiscal ha sido prudente, el manejo monetario ha sido prudente, el reforzamiento en el Sistema Financiero ha habido avances, lo que ha generado confianza en los inversionistas locales y ha mantenido un crecimiento (económico) bastante sano.
El refuerzo que han hecho en la parte fiscal, como fueron las distintas reformas tributarias recientes, ha ayudado a que la economía mantenga uno de los ritmos de crecimiento más altos de Centroamérica. ¿Cuán sostenible es esto? Depende de que se sigan haciendo las reformas que quedan pendientes.
Ya se está negociando una nueva reforma fiscal. El Gobierno vende la idea que no apunta a la recaudación sino a frenar las exoneraciones y el sector privado expresa preocupación ante esto ¿Qué resultados esperan ustedes?
Como miembro tiene derecho a recibir fondos a través del mecanismo conocido como Derechos Especiales de Giro (DEG), correspondiéndole una cuota de acceso por 130 millones de dólares. Precisamente el acceso a recursos líquidos para suplir problemas en su Sistema Financiero o para fortalecer la posición de las Reservas Internacionales del país, es uno de los puntos esenciales de tener programa con el FMI.
Igual de importante es que el visto bueno del Fondo al país le da confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros y a los cooperantes externos.
El Gobierno actual estaría apostando porque un nuevo programa trianual sea el último que suscriba con el FMI.
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Exactamente en esa dirección. Esas reformas que ha planteado el Gobierno las ha formulado, han solicitado consejo y opiniones del Fondo Monetario y otros. Nos parece que están en la dirección correcta en cerrar, eliminar o racionalizar las exenciones que se hacen en los códigos tributarios. Este es un fenómeno muy común en América Latina, en todos los países en distintos grados en los cuales hay más o menos exenciones, pero es un fenómeno común que es realmente una práctica muy dañina en general para el país. La intención es buena, pero lo que resulta no es tan bueno.
¿Hay algún estudio sobre cuán beneficiosos han sido los incentivos a Nicaragua?
Ese es justamente el problema, que como no se evalúa, resulta que los beneficios netos para el país del proyecto o las áreas que se beneficiaron por pagar menos impuestos son positivos, digamos, pero lo que no se pudo recaudar y por lo tanto gastar en otras áreas porque no se tuvo esos ingresos es negativo. Entonces la evaluación en su conjunto, ese tipo de análisis lo que lleva a concluir es que no es bueno tener demasiadas exenciones.
Pero se está cuestionando que el Gobierno vende la idea de querer ordenar, pero está otorgando exoneraciones mayores a proyectos como Tumarín, por ejemplo…
Ese también es un fenómeno común, porque es muy difícil poner blanco o negro. No existe país que no otorgue exenciones y no existe país que elimine todas las exenciones. En este proceso de eliminar algunas y crear otras siempre va a generar claramente de los que se les están cerrando reclamos. Por eso hay que tener un punto de vista más global y decir cuántas exenciones hay y la verdad es que son muchas.
Se han hecho estudios aplicados a Centroamérica donde por tener exenciones tributarias se pierden ingresos que pueden ser el 20 o el 30 por ciento del total de los ingresos. Entonces cuando se dice hay que eliminarlas, no hay que cerrarlas todas, pero hay que recuperar un poco de esos ingresos. Obviamente aquellos que tienen esas exenciones van a reclamar por qué se les quita, es un tema complicado porque no es que la exención se elimine a quién la tiene, sino que se dan por rubros y por años y hay que ir cerrando las ventanas.
Al Complejo Industrial Supremo Sueño de Bolívar, que es financiado por Venezuela, se le están dando 30 años, por lo que al final se critica que la mayoría de exoneraciones irían a un solo grupo y no habría equilibrio…
Esas son cosas que cada país tiene que analizar y es muy bueno que haya un debate sobre esto. Primero es bueno que haya debate porque es mejor que otorgar exenciones y que no se sepan, y el propio Gobierno en todo el tema tributario lo ha hecho bastante bien. Segundo es cuestión de la elección de cada país. Creo que mientras más información haya sobre la cuestión pública, tanto en qué se gasta, cuánto se gasta y cuánto se recauda, habrá más consenso respecto hacia dónde quiere ir un país.
Usted mencionó entre los temas centrales la reforma al Seguro Social. Se está dejando para el próximo año, pero desde ya se considera la reforma más dura que enfrentará el país. ¿Qué espera el FMI?, porque lo planteado sobre la mesa no gusta a los ciudadanos…
La reforma de Seguridad Social es una reforma difícil para todo país. Es algo similar al tema tributario. Hay que comparar los costos, es decir quiénes se han perjudicado por esta reforma y quiénes se verán beneficiados.
Los sistemas pensionados tienen que ser sostenibles a lo largo del tiempo, (porque) cuando no lo son, son las generaciones futuras, los jóvenes y muchas veces los que no están incluso en la edad de votar y la fuerza laboral, los que en el futuro serán perjudicados por no hacer reformas que beneficia a las generaciones actuales. Entonces esta siempre es una pelea difícil para cualquier Gobierno.
Se anunció que llega una misión del FMI a Nicaragua el próximo mes. ¿Será el inicio de las negociaciones para el nuevo programa?
Las autoridades nos han pedido que visitemos el país. Nicaragua, en línea con lo que hemos estado diciendo, no tiene un problema macroeconómico, por lo tanto no necesita un programa con el Fondo Monetario. (El Gobierno) tiene interés en llegar a algún tipo de acuerdo para darle un marco general.
En las cosas que estamos conversando el Gobierno y el Fondo son claras. En las cosas que estamos conversando hemos dicho que para que haya ese acuerdo tendrían que ser útil avanzar en los temas estructurales. Hemos dicho que los problemas de más largo plazo siguen estando en la agenda. Reducir la deuda a niveles más bajos de los actuales, la reforma en el sector eléctrico y en el sistema de pensiones, revisar los subsidios y seguir fortaleciendo el ámbito fiscal.
Ahora, si el Gobierno considera que no es el tiempo de hacerlo (las reformas estructurales), pues las bases para un acuerdo no están y entonces no hay necesidad de tenerlo.
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