LA PAZ/AP
Un empresario estadounidense que lleva 18 meses en una sombría cárcel de Bolivia atrapado en una trama judicial surrealista acaba de destapar el mayor escándalo de corrupción en el gobierno de Evo Morales.
Nadie escuchó las quejas de Jacob Ostreicher, un judío ortodoxo de Nueva York acusado de lavar dinero del narcotráfico, de que era víctima de extorsión y robo por parte de sus acusadores hasta que el actor y activista Sean Penn intercedió por él ante Morales durante un encuentro el 30 de octubre.
“Le llevé la evidencia al presidente y el presidente fue muy sensible”, dijo Penn a The Associated Press el domingo vía telefónica desde Haití, donde funge como embajador de buena voluntad. Y comentó que la investigación fue “excelente”.
El Ejecutivo ordenó una investigación expedita del Ministerio de Gobierno que descubrió una red mafiosa de altos funcionarios, fiscales y jueces que manipulaban la justicia para esquilmar a sus víctimas sin previo juicio. No obstante, el caso no ha provocado la renuncia de ningún ministro.
En casi siete años de gobierno, Morales ha salido a flote de otros escándalos, pero el de Ostreicher develó una justicia corrupta, manipulada y atemorizante, ha dicho el fin de semana el cardenal católico Julio Terrazas.
Ostreicher, de 54 años, llegó en 2011 para invertir en agroindustria, pero su socia adquirió tierras de un narcotraficante extraditado a Brasil. Según dijo, los fiscales nunca solicitaron pruebas de la legalidad de su dinero y en los 18 meses que lleva en prisión preventiva no presentaron una acusación formal.
Nunca pagó los 50,000 dólares que le exigían funcionarios del Ministerio de Gobierno para facilitar su libertad y que en 26 ocasiones frustraron su audiencia de excarcelación. Ni siquiera su deteriorada salud y una huelga de hambre en prisión conmovieron a sus acusadores.
El cerebro de la “banda de extorsionadores” era el director jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera. Abogados, funcionarios medios, fiscales y jueces eran cómplices, ha denunciado el ministro de Gobierno Carlos Romero a quien Morales encargó la investigación.
Otros funcionarios corruptos vendieron arbitrariamente 18 toneladas de arroz y ganado y alquilaron para beneficio propio la maquinaría agrícola que las autoridades incautaron temporalmente a Ostreicher mientras es investigado, según las indagaciones.
Rivera casi siempre asistía a las audiencias de sus víctimas y presionaba para detenerlas hasta que cedían a las extorsiones.
La socia de Ostreicher, Liliana Rodríguez, denunció que la banda le pidió 30,000 dólares para cambiarlo de penal debido a problemas de salud. La hija de un ex ministro opositor dijo haber pagado 20,000 dólares para que su padre, procesado por desvío de fondos públicos, deje la cárcel para recibir atención médica. Guillermo Fortún, jefe de un partido de derecha, murió en septiembre a los 73 años por un paro cardiaco. Su salud desmejoró en el penal. Tampoco tuvo una condena.
Rivera y sus cómplices, entre ellos el director de gestión Pública del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana, extorsionaban a través de esbirros y casi siempre una mujer cobraba las coimas.
“La víctima cuando está acusada es vulnerable, se aprovechaban de eso”, dijo Romero. Sembraron terror en los tribunales, acotó el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez.
Ocho personas fueron enviadas a la misma cárcel de Ostreicher en Santa Cruz a 540 kilómetros al este de La Paz, entre ellos Rivera, el abogado del Ministerio de Gobierno Denis Rodas, el jefe de fiscales Isabelino Gómez y la fiscal que investigada el caso Janet Velarde. Dos jueces y otros cinco fiscales son investigados.
“Quiero pedirle al presidente Morales convocar a una comisión de ministros para que hagan una evaluación de todos los procesos en los estuve. Con la frente en alto y la conciencia tranquila digo que soy inocente”, dijo Rivera cuando era llevado al penal.
Morales calificó de “repudiable” a la banda y ha dicho que cuando era diputado en los 90 la corrupción era peor. El gobierno de turno hacía circular “maletines de dinero” para comprar votos en el Legislativo.
¿Cómo es que el grupo de Rivera operó por cinco años en las narices del gobierno sin que altos niveles políticos se hayan enterado? Se pregunta la prensa del país estos días.
The Associated Press dio a conocer el caso de Ostreicher más de un año atrás y preguntó por el tema tanto al ministro Romero, como al canciller David Choquehuanca en abril. Ambos dijeron que iban a estudiarlo. La embajada de Estados Unidos y un congresista estadounidense, Chris Smith de Nueva Jersey, expresaron su preocupación. Pero Washington ha tenido poca influencia en Bolivia desde que su embajador fue expulsado a fines de 2008.
Morales ha dicho que fue alertado sobre la banda a través de mensajes anónimos en su teléfono celular. Romero, por su parte, dijo a la prensa que la investigación se inició tres meses atrás y descartó que Penn haya tenido un papel decisivo.
Rivera recibió plenos poderes del gobierno en 2007 para enjuiciar a opositores en momentos en que Morales afrontaba una arremetida conservadora encabezada por cuatro gobernadores rivales. Una mayoría de los líderes opositores salieron del país alegando persecución política y uso arbitrario de la justicia.
Pero después Rivera y su grupo operó donde se movía mucho dinero: casos de narcotráfico, casas de juego que supuestamente lavan dinero. Cuando la policía allanaba no encontraba las máquinas tragamonedas porque la información había sido filtrada, según las investigaciones.
Rivera no sólo transaba en dinero, también en bienes inmuebles y automóviles. La esposa de un ex policía procesado por narcotráfico denunció que le incautaron un auto deportivo Honda Civic que Rivera usaba como suyo.
Ni siquiera gente del gobierno se salvó. El alcalde del pueblo de Warnes en Santa Cruz Mario Cronembold, vinculado al oficialismo, denunció públicamente que el grupo le exigió 50.000 dólares para no enviarlo a prisión en un caso por sospecha de nexos con un posible narcotraficante.
“No lograron sacarme plata y me metieron preso tres meses. Me quejé al presidente Morales: 'Aguante, yo aguanté 17 años de juicios y presiones y aquí me tienes de presidente''', le dijo el mandatario según declaraciones de Cronembold a la radio Erbol.
Desde enero de 2006 cuando Morales asumió con la promesa de sacar a Bolivia del “subcampeonato mundial” de la corrupción, al menos ocho escándalos sacudieron al gobierno y la mayoría fueron descubiertos por casualidad a pesar de que hay un Ministerio de Lucha Contra la Corrupción.
La investigación no ha tocado niveles políticos y tampoco se sabe si el grupo recaudaba dinero para el partido de Morales.
Desde hace tres semanas Ostreicher recibe atención médica bajo custodia policial en una clínica privada de Santa Cruz gracias a la gestión de Penn. Lleva un chaleco antibalas y da declaraciones a la prensa en las que afirma que finalmente ve asomar una luz en el túnel y que su fe en Dios nunca lo abandonó.
El martes 11 asistirá a una nueva audiencia en la que es previsible que recupere la libertad, según su abogado Yimy Montaño. Es probable que Penn esté presente.
En Bolivia, un 84% de los 13,000 presos son detenidos preventivos. Una inmensa mayoría son pobres que no pueden pagar un defensor a pesar de que la constitución aprobada por Morales en 2009 dice que la justicia es gratuita.
“Este caso está afectando la credibilidad de Morales. El gobierno saca a los ministros cuando políticamente tiene que hacerlo pero después los reinstala” como hacían gobiernos anteriores, dijo el analista Jim Shultz del Centro para la Democracia, una organización no gubernamental con base en Bolivia y Estados Unidos.
Sindicatos oficialistas han pedido la renuncia del Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, uno de cuyos funcionarios está vinculado a la banda; de la ministra anticorrupción Nardy Suxo y del mismo Romero, pero Morales es renuente a ceder a presiones y ya antes sacó a ministros cuestionados y los reinstaló, incluso en su gabinete.
El tráfico de cocaína ha sido siempre una fuente de corrupción en Bolivia, tercer productor mundial de coca después de Perú y Colombia. En 1980 y 1981 la droga financió lo que se conoció como la “narcodictadura del general Luis García Meza”.
Cómo líder todavía de los cocaleros, Morales defiende el uso tradicional de la coca y juró tolerancia cero a los narcotraficantes, pero diversos informes indican que va perdiendo la batalla