Moisés Martínez
El juez Edgard Altamirano encontró culpables a 18 mexicanos por los delitos de lavado de dinero, tráfico de estupefacientes y crimen organizado, y estableció el 18 de enero del año próximo para dictar la sentencia condenatoria.
Los mexicanos entraron al país en seis camionetas que portaban el logo de la empresa de televisión Televisa, en las que estaban ocultos 9.2 millones de dólares.
El Ministerio Público pidió, sumando las sentencias máximas de todos los delitos imputados, una condena de 34 años de cárcel para los 18 mexicanos, que en realidad sería de 30 años, que es el máximo de tiempo que establece la legislación penal nicaragüense. Los abogados defensores pidieron, sumando las penas mínimas de todos los delitos, una condena de 14 años. Será a las 10:00 a.m. del 18 de enero cuando se conocerá la condena.
De esta forma cae el telón de este caso, que inició el pasado 24 de agosto, cuando los mexicanos fueron retenidos en el puesto fronterizo Las Manos, luego de una llamada telefónica que alertaba sobre la llegada de este grupo que se hacía pasar por periodistas del conocido emporio televisivo.
El judicial resolvió que, dadas las pruebas documentales y los testimonios de los peritos especializados, es evidente que todos los mexicanos transportaban un dinero producto de actividades ilícitas y que formaban parte de una estructura del crimen organizado.
El juez Altamirano en sus argumentos también insistió que aunque solo fueron encontrados residuos de cocaína en los vehículos, estos mismos estaban acondicionados para transportar estupefacientes de forma clandestina.
La principal expectativa en ese sentido era escuchar por primera vez la voz de Raquel Alatorre. Ella fue la primera en hablar y lo único que pidió fue que por favor la trasladasen de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) al centro penitenciario para mujeres La Esperanza. Igualmente, los otros 17 mexicanos pidieron ser llevados a la cárcel Modelo.
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PGR PIDE DECOMISAR VEHÍCULOS
La Procuraduría General de la República por su parte pidió el decomiso de todas las camionetas Vans con las que ingresaron a Nicaragua, el equipo de telecomunicaciones que estas portaban y que los 9.2 millones de dólares incautados sean depositados en las arcas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Actualmente este dinero está depositado en una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público y la Procuraduría presentaron como principal evidencia el dinero incautado y los reportes de los peritos contenidos en un informe de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE).
Este informe detalló aspectos que fueron tomados en cuenta por el juez Altamirano, como las constantes entradas y salidas de los mexicanos por la región centroamericana entre 2008 y 2012. Estos viajes, de acuerdo con los reportes de los GPS de las camionetas, iniciaban en México (Michoacán, Laredo, Chiapas y Jalisco) y siempre culminaban en Aserrí, en Costa Rica.
EL VÍNCULO CON TELEVISA
También insistieron en que la vinculación del grupo de mexicanos con Televisa es una fachada para las supuestas operaciones ilícitas de los acusados.
En este punto en particular se han confirmado más presuntas conexiones con el emporio televisivo, destacando las 106 llamadas telefónicas que hizo Raquel Alatorre, supuesta cabecilla de la banda, a un número que en su libreta estaba registrado a nombre de Amador Narcia Estrada, quien es vicepresidente de información de Televisa.
Sin embargo, los mismos peritos de la Policía durante los testimonios reconocieron que no se ha podido confirmar que este número telefónico pertenezca en realidad al funcionario del emporio. Además, el mismo Narcia Estrada, por medio de un comunicado emitido hace algunas semanas, aseguró que el número registrado en la libreta de Alatorre no le pertenecía.
ALEGATOS DE LOS DEFENSORES
Los abogados defensores por su parte aducen que la detención de estos mexicanos fue de forma ilegal, y que nunca se logró comprobar que el dinero proviniese de actividades vinculadas al narcotráfico y menos que ellos transportasen droga.
Uno de los ejemplos brindados por la defensa, referida a la detención ilegal, es que los mexicanos fueron retenidos por las autoridades migratorias del puesto fronterizo de Las Manos, pero sus pasaportes no presentan un sello de entrada a Nicaragua, por lo que legalmente no estaban en nuestro país.
Los abogados desde ya anunciaron que se preparan para apelar la decisión del juez Altamirano.
La sala estaba repleta, principalmente de periodistas, muchos de estos trabajando para medios de prensa extranjeros, quienes llegaron al juzgado ante la publicación de LA PRENSA de que ayer estaría previsto que se diera el fallo de este juicio.
La Fiscalía tiene abierto otro expediente del caso, pero vinculado a una denuncia hecha por el representante legal de Televisa, que se personó en nuestro país para acusar a los mexicanos de usurpación de identidades y falsificación de documentos.
Este expediente será manejado por la Procuraduría General de México, respaldado por la Fiscalía. También resta saber qué pasará con una solicitud de México para extraditar a los acusados.
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