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Detienen a trabajadores en desalojo de finca en Costa Rica

La Policía de Costa Rica detuvo a 97 trabajadores que ocuparon una finca en la zona caribeña del país dedicada a las plantaciones para exigir que la empresa propietaria les pague las deudas por garantías sociales, que los obreros estiman en 10 millones de dólares, informó la televisión local.

SAN JOSE/AFP

La Policía de Costa Rica detuvo a 97 trabajadores que ocuparon una finca en la zona caribeña del país dedicada a las plantaciones para exigir que la empresa propietaria les pague las deudas por garantías sociales, que los obreros estiman en 10 millones de dólares, informó la televisión local.

Al menos 150 agentes antimotines sacaron a los trabajadores de las oficinas administrativas y de plantaciones de la finca Matas de Costa Rica, en Milano de Siquirres, que exporta plantas de distintas especies, aunque no se registraron graves incidentes.

Los 97 trabajadores formaban parte de unas 500 familias desalojadas el jueves, pero regresaron para exigir las supuestas deudas de la compañía, que posee extensas plantaciones en Milano de Siquirres, unos 110 kilómetros al noreste de San José.

“Hemos acudido al ministerio de Trabajo, al juzgado de Trabajo y porque no han solucionado nada a favor de nosotros tomamos la decisión de tomarnos los terrenos”, denunció este viernes Luis Gómez, uno de los desalojados, en el canal 7 de televisión.

La empresa Matas de Costa Rica aún no se había pronunciado sobre las denuncias de los empleados, quienes precisan que se les deben montos por pólizas de trabajo, liquidaciones y seguro social, así como salarios atrasados.

“Ya es suficiente que estén jugando con nuestros derechos. Nosotros nos metimos (a la finca) porque nos deben más de cinco mil millones de colones”, (unos 10 millones de dólares), agregó Gómez.

La Policía argumentó que debía desalojar a las familias por tratarse de una invasión a propiedad privada.

El oficial Erick Calderón aseguró que los trabajadores fueron trasladados a un gimnasio cercano, donde recibieron atención médica y alimentos, a la espera de que la Fiscalía de Siquirres defina su situación jurídica.

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