Elízabeth Romero
La funcionaria justificó que la competencia de la institución es únicamente cuando se da retardación de justicia o violación al acceso a la justicia.
Blanca Mairena asegura que en este caso existe tráfico de influencias, porque una pariente del sospechoso labora en los Juzgados de San Carlos.
“Desde el primer momento que me doy cuenta doy parte a la Comisaría de la Mujer y nada”, lamentó la madre de la niña.
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Días después que ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Blanca Mairena denunciara denegación de justicia de un juez de San Carlos, en el caso de violación de su hija cuando tenía 12 años, la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos determinó que a la niña se le violentaron sus derechos humanos.
En consecuencia la procuradora especial de la Niñez, Norma Moreno, demandó al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia que “se proceda a la cancelación del nombramiento” del juez de Audiencia de San Carlos, Juan Francisco Sandino Argüello.
De igual modo pidió a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional que investigue de oficio a los comisionados Julián Lumbí y Enrique Jardiel Arteaga, jefe y segundo jefe de la delegación de San Carlos, así como de la jefa de la Comisaría de la Mujer en esa delegación, teniente Geysell Victoria González, y del oficial Evert José Reyes, del Distrito Dos de la Policía.
Igual demandó la captura del principal sospechoso de violación, Rodrigo Alejandro Alaniz Guevara, quien escapó después de que el juez cuestionado lo dejó en libertad.
La familia de la víctima esperó nueve meses para que lo arrestaran.
La madre de la víctima, Blanca Mairena, aseguró que miembros de la Policía avisaban al sospechoso cuando iban a “capturarlo”. Producto de la violación, la niña quedó embarazada y dio a luz a un bebé el año pasado.
Luz Marina Torres, de la Red de Mujeres Contra la Violencia, alertó que el centro de atención de adolescentes del Hospital Bertha Calderón reportó el año pasado un poco más de 1,400 partos en menores de 14 años, la mayoría por violación.
Mairena denunció que la familia del sospechoso presiona para que ella sea despedida de su empleo.
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