Moisés Martínez
Miembros de diversas organizaciones civiles acompañaron a un grupo de abogados que interpusieron una denuncia en la Contraloría General de la República en contra de las autoridades de la Dirección General de Aduanas, por las irregularidades que se dieron en febrero del 2009, cuando el magistrado electoral de facto, Roberto Rivas Reyes, introdujo 14 vehículos de lujo, sin pagar los impuestos correspondientes con el valor comercial de los automotores.
La denuncia ciudadana se basó en la serie de reportes de investigación publicados por el diario LA PRENSA durante esta semana, en la que se reveló que a la esposa y tres hijos del magistrado de facto, les hicieron una reducción de hasta un poco más de cinco millones de córdobas en la introducción de los 14 vehículos, cuyo valor total, de acuerdo a su precio de mercado, era de 418 mil dólares en el 2009.
La denuncia fue recibida por la responsable de la oficina de Denuncia Ciudadana de la Contraloría, Erika Martinez, quien les aseguró a los ciudadanos que se tramitaría de acuerdo a los procesos legales establecidos. Hasta el momento, ni Aduana ni el magistrado electoral Roberto Rivas se han pronunciado sobre las revelaciones de LA PRENSA.