Caracas/EFE
El presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, Pedro Carreño, solicitó a la Fiscalía que mantenga prisión domiciliaria para dos diputados opositores al estimar que los supuestos delitos de corrupción que se les atribuyen fueron cometidos en “flagrancia”.
Carreño señaló a periodistas que hay varias situaciones en las que un delito se considera flagrante y que en este caso es aplicable pues “según la ley” esta clasificación ocurre cuando un sospechoso se ve perseguido por la autoridad policial, por la víctima “o por el clamor popular”, y esta última es la situación de los diputados.
“Es decir que en este momento la lucha contra la corrupción es un clamor popular”, reiteró Carreño, al indicar que estos diputados fueron “agarrados con las manos en la masa”.
Reiteró que los legisladores recibieron fondos para sus campañas electorales sin notificarlo al Consejo Nacional Electoral.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Diosdado Cabello, solicitó esta semana una investigación al partido Primero Justicia (PJ), del líder opositor Henrique Capriles, por supuestos hechos de corrupción en los que habrían incurrido tres diputados de esa organización.
Un día después de las acusaciones, la Comisión de Contraloría de la AN activó las investigaciones contra los parlamentarios y anunció que se pediría la detención domiciliaria de los acusados, lo que se formalizó hoy ante la Fiscalía.
Adicionalmente, Carreño indicó que este viernes se reunió con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Luisa Estella Morales, a quien solicitó las copias certificadas sobre investigaciones que reposen en cualquier tribunal del país sobre los diputados acusados Richard Mardo y Gustavo Marcano.
El tercer diputado es Juan Carlos Caldera, a quien acusaron el año pasado, en plena campaña para las elecciones de octubre, de supuesta financiación irregular.
El vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Jesús Montilla, dijo ayer a Efe que en el marco de estas investigaciones a Primero Justicia también serían investigados Capriles y el alcalde del municipio caraqueño de Sucre, Carlos Ocariz.
