Más allá de una táctica dilatoria y una estrategia orientada a configurar un escenario favorable que pueda minimizar las consecuencias del fallo, el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos se ha empantanado en un laberinto, cuyo riesgo a mediano plazo se podría traducir en una nueva encrucijada para su gestión.
La estrategia, busca a lo inmediato, apaliar el impacto del fallo en la opinión pública, que muy a pesar de las explicaciones de la ministra (de Relaciones Exteriores, María Ángela) Holguín, es claro, que se evidencia una debacle total en la gestión del Gobierno actual. Las acusaciones mutuas entre el presidente Santos y el expresidente Alvaro Uribe, hasta llegar a la amenaza de levantar el secreto de las actas de la comisión asesora, hablan por sí solas. La nueva estrategia va desde todo tipo de argucias y evasivas, hasta los discursos de confrontación, como el reciente de Santos en la isla de San Andrés, el pasado 18 de febrero, caldeado de arrogancia.
La estrategia pretende habilitar mecanismos jurídicos mediante subterfugios legales, por absurdos que puedan parecer ante el derecho internacional. En esencia, se pretende habilitar una propuesta que contenga una doctrina, que sería el sustento legal para pretender “recuperar” lo que no se logró “defender”. La aplicación de conceptos como “soberanía efectiva”, “contención territorial” y nuevas “sinergias” en el ámbito internacional, vendrían siendo los pilares doctrinarios de Colombia en el Mar Caribe.
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Como valor agregado, no descarta falacias argumentativas, como la intensión de ampararse en los supuestos tratados limítrofes con los vecinos. Esta lógica jurídica, buscará invocar por deducción o inducción, la tesis de la inviabilidad del fallo y es que los argumentos más insólitos en aras de reversar el fallo de La Haya, estarían fundamentalmente focalizado en el ámbito de los derechos humanos y la seguridad alimentaria. Argucias, tales como: “la Corte ha concedido derechos a Nicaragua que nunca debió ceder”, resume en esencia, el eje transversal de la nueva política territorial de Colombia. No hay que olvidar que para la canciller Holguín, simplemente la Corte “desmembró” una gran porción del territorio nacional, vendiendo el imaginario a los colombianos, de la gran “pérdida” que tuvo Colombia con el fallo.
Por nuestra parte, nuestros colegios, escuelas y universidades, deben estar trabajando en los programas de estudios, con contenidos apegados a la realidad y con objetividad. La estrategia de nación debe ser coherente con la sentencia del 19 de noviembre, fallo por el cual se prescriben los derechos de Nicaragua, que fueron reconocidos en apego a nuestro legítimo reclamo: recuperar nuestros espacios marítimos que estuvieron sometidos a la intimidación. Y es que nadie nos ha regalado nada y a nadie le hemos quitado nada.
La amenaza se perfila y los hechos son elocuentes: el pasado 24 de enero, la Sala de Consultas del Consejo de Estado emitió el concepto frente a la pregunta elevada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en torno a la viabilidad de que los organismos de control tengan acceso a las actas de la Comisión de Asuntos Internacionales. La decisión ya está lista, solo falta que el Gobierno autorice la publicación del concepto. Mientras tanto y ante las expectativas, el gobierno colombiano hace alarde ante los pescadores de San Andrés, de su “soberanía efectiva”.
Pero vuelve y juega: y la sentencia de La Haya es demandada ante la Corte Constitucional de Colombia, el principal argumento es que el fallo modificó las “fronteras marítimas de Colombia con Nicaragua y sus vecinos”. Seguidamente, congresistas y pescadores de San Andrés, visitan las oficinas de la ONU en Ginebra para denunciar las “violaciones de los derechos humanos” que se infieren del fallo y que no fueron tomados en cuenta. Obviamente, los resultados de esta visita, no fueron los esperados por Santos.
Un experto constitucionalista en el debate del canal de Cable Noticias, este lunes 18 de febrero, a propósito de los resultados desfavorables a Santos, según la última encuesta, ya decía: “la llave de la reelección está en el manejo del fallo de La Haya y el proceso de paz”.
Es dudoso que las actas de la Comisión asesora se hagan públicas, pero sería sano para los colombianos que conozcan los intríngulis de este proceso. En todo caso, sino se hace, no sucede nada, salvo que los expresidentes de Colombia pueden seguir su vida normal y depositar, como siempre lo han hecho, en manos de sus asesores, su revaluada política territorial.
En lo que respecta a Nicaragua, hay que continuar la estrategia de nación, pero de forma integral. Es significativo que en este afán de invalidar la sentencia, Colombia busca pruebas en contra de Nicaragua, un laberinto que a la postre, será un riesgo jurídico para el mismo Estado colombiano. El autor es Jurista Internacional y Consultor.
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