El centro penitenciario La Modelo es uno de los penales donde se han violado los derechos de libertad a reos ahí recluidos. LA PRENSA/J. Torres

Martha Vásquez y Elízabeth Romero

Las órdenes de captura contra María del Carmen Salgado Herrera, directora del Sistema Penitenciario de Tipitapa y el alcaide Evenor Centeno Aguilera, jefe del penal de Cuisalá, Chontales, fueron revocadas un día después de ser emitidas por el juez suplente Local de Tipitapa, Carlos José Mairena, para mantener la armonía entre las instituciones penales del Estado, afirmó Roberto Larios, vocero del poder judicial.

“Existe una Comisión Interinstitucional Penal que coordina el magistrado, vicepresidente de la Corte, Marvin Aguilar, y si bien es cierto que pueden existir contradicciones entre las instituciones del sistema, existe un interés superior del Estado para coordinarnos para que no se provoquen contradicciones más allá de las normales, esa es la razón por las que se ha mandado a revocar las ordenes”, dijo.

“Mal mensaje”

Las órdenes de captura contra los funcionarios se deben al desacato de varias órdenes de libertad emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tribunales de apelación y jueces de ejecución a favor de diferentes reos por diferentes motivos, incluyendo cumplimiento de pena.

• Carta de monseñor Mata

  El presidente de la junta directiva de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), monseñor Juan Abelardo Mata, envió hoy una carta al presidente inconstitucional, Daniel Ortega, a través de la cual le expone que se ha convertido en una práctica que las autoridades de los penales del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) no acaten las órdenes de libertad de los tribunales de justicia.
• 15 reos permanecen en penales del país detenidos de forma ilegal, después que los jefes de penales han rehusado liberarlos pese a que los jueces extendieron órdenes de libertad a su favor. Algunos desde 2011.

Para Larios, la aplicación correcta de la ley por parte del juez suplente Mairena, envía “un mal mensaje en relación con la coordinación de las instituciones”.

También agregó que las instituciones del sistema de justicia penal se mantienen “sólidamente unidas alrededor de l objetivo común de impulsar la política de Estado contra el narcotráfico y el crimen organizado y eso priva como interés superior para las instituciones”.

Sobre quién protege los derechos de los privados de libertad que tienen sentencias judiciales a su favor y el mandato constitucional de ineludible cumplimiento, Larios respondió que la Sala Penal de la Corte y la comisión interinstitucional están analizando esta situación.

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