Carla Torres Solórzano
“El derecho a la salud es prioritario y los instrumentos internacionales indican que la persona tiene derecho a los niveles más altos de salud posibles. Eso indica que si una persona es dignosticada con VIH debe tener como derecho mínimo a sus tratamientos antirretroviales, a sus medicamentos ante las enfermedades oportunistas, entre otros”, apuntó Rodríguez.
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En riesgo de morir estuvieron 116 pacientes de VIH en las diferentes comunidades de la ribera del Río Coco entre noviembre y diciembre del año pasado, sin imaginarse que el Ministerio de Salud (Minsa) en lugar de enviarles los antirretrovirales dejó que estos se vencieran en sus bodegas.
Romy Clay, enfermera comunitaria del municipio de Waspam, manifestó que durante los últimos meses del año pasado no recibieron los medicamentos para controlar el VIH; fue hasta finales de enero del 2013 que llegó el tratamiento.
Además explicó que en esta región del país el personal de salud dispone de su propio salario para trasladar las medicinas a los 37 puestos médicos que hay sobre la ribera del Río Coco, pues no hay ningún tipo de viáticos.
“Ellos vienen cada mes y pagan su pasaje, en las comunidades río arriba es carísimo, puede costar entre 700 y 800 córdobas el pasaje en panga”, mencionó Clay.
FALTA DE PLANIFICACIÓN
Ramón Rodríguez, exoficial de Onusida en Nicaragua y experto en derechos humanos, manifestó su preocupación de que el Estado siga teniendo problemas en organizar, gestionar y garantizar la terapia a menos de dos mil personas, que reciben los tratamientos.
De igual forma refirió que Nicaragua al igual que otros países debe pensar en mejorar la planificación, la organización, distribución y gestión de los suministros para garantizar el acceso universal a los tratamientos.
“En el tema del VIH es más apremiante tener una buena gestión y una buena cadena de suministros e insumos, porque del medicamento que se le administra a esa persona se determina si vive o no, es una situación urgente”, dijo Rodríguez.
Además considera que a pesar de que el Estado de Nicaragua está consciente de su dependencia financiera del Fondo Mundial para enfrentar la epidemia, no destina partidas presupuestarias específicas para responder ante ella.
“En la ley del VIH se omitió cuánto va a asignar este país vía Presupuesto General de la República como respuesta nacional a la epidemia con enfoque de derechos humanos”, señaló Rodríguez.
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