Elízabeth Romero
La cabecilla del grupo de los 18 mexicanos, que se hacían pasar como trabajadores de Televisa, Raquel Alatorre, permanecerá en las celdas de Auxilio Judicial (DAJ). Su estadía en ese sitio estará en dependencia de la construcción de un módulo especial de máxima seguridad para privados de libertad por problemas de narcotráfico en la cárcel Modelo, de Tipitapa.
Lo anterior lo confirmó la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, quien calcula que en octubre próximo pueden concluir las obras, pues según dijo ya tienen los equipos.
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El alegato de Morales para no remitir a Alatorre a una cárcel del Sistema Penitenciario Nacional, donde van todos los condenados, es porque no quieren mezclarla con las presas comunes nicaragüenses que no tienen ese nivel de responsabilidad en el narcotráfico, como el que tiene la mexicana.
Y además, porque una juez mandó a que la trasladaran a un lugar donde su presencia no ocasionara peligro para las otras internas, aclaró la titular de Gobernación.
Morales además refirió que las mismas internas del penal de La Esperanza, pidieron que no llegara Alatorre a esa cárcel, pues con su presencia perderían la custodia mínima con la que son beneficiadas para que puedan integrarse a clases de manualidades por ejemplo. “No quieren que llegue un personaje de ese tipo”, manifestó Morales.
Fue por ello, expuso Morales a los periodistas, que “le pedimos a la Policía Nacional que nos la tenga mientras terminamos el módulo de máxima seguridad que estamos construyendo en el complejo de Tipitapa para narcotraficantes de alto nivel”.
Sobre las denuncias de supuestas torturas hechas por los abogados de Alatorre ante la Procuraduría de Derechos Humanos, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Morales criticó que cómo una dirigente de una célula narcotraficante de la altura de Alatorre, que quiso entrar al país haciéndose pasar como periodistas, hace este tipo de exigencias.
“Quiere exigir cosas que ni la ley lo permite, ni Nicaragua está en condiciones de proporcionarle, porque ella es una privada de libertad, que se tiene que ajustar a las condiciones”, dijo Morales.
Esto coincide con la posición de la Procuraduría de Derechos Humanos que el lunes evitó pronunciarse sobre la denuncia de supuestas torturas presentadas por los abogados de la mexicana en esa institución, al asegurar que el caso está en el poder judicial.
En la denuncia ante los organismos de derechos humanos los abogados dicen que la mexicana está en una celda pequeña en condiciones antihigiénicas e insalubre, donde está aislada.
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