Wilih Narváez, Moisés Martínez y Juan Tijerino
Los incidentes violentos ocurridos la tarde del martes pasado en Tipitapa dejaron 19 personas detenidas y a todo el poblado ocupado por agentes de la Policía Nacional, mientras especialistas en seguridad ciudadana y derechos humanos consultados advierten que estos hechos deben ser tomados por las autoridades administradoras de la justicia como un alerta ante un probable hastío de la ciudadanía por la ineficacia de las instituciones en garantizar la prevención del delito y la aplicación de justicia.
El comisionado mayor Fernando Borge, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, sostuvo una reunión ayer por la mañana con jefes de esa delegación y manifestó que tienen suficientes oficiales desplegados en el municipio para evitar más violencia.
Asimismo condenó los hechos de violencia, donde ocho agentes resultaron heridos con piedras.
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Familiares del detenido señalan que han recibido llamadas de personas desconocidas, quienes amenazan con quemar su hogar.
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Borge dijo que tienen 19 detenidos que habrían sido capturados en el sitio y se investiga si participaron o no en los hechos de violencia. Todos están en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
“Lo primero que hay que lamentar y condenar es el crimen atroz en contra del niño. Esto debe ser una lección para los operadores de justicia de este país, la prevención de delito tiene que ser una política de Estado. Tipitapa está dolida, la violencia, el linchamiento popular es porque los mecanismos institucionalizados no están funcionando”, consideró Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Que la sociedad haya reaccionado de forma tan violenta es un problema de salud pública que tiene que ser enfrentado por el Estado, no verlo como un hecho aislado, sino como algo que pueda trascender a Tipitapa. Es un ejemplo cómo la sociedad ha perdido su paz y tranquilidad, porque estamos fracasando en la prevención del delito, en la aplicación de la justicia”, agregó.
Para el especialista en temas de seguridad ciudadana, Roberto Orozco, el estallido de Tipitapa es una acumulación de frustraciones y molestias de la ciudadanía ante la ineficacia de la Policía Nacional en resguardar a la población de la delincuencia común.
“Lo que ve la población es que en materia del trabajo cotidiano contra el delito, la Policía Nacional no es garantizando su seguridad. Podrán tener buenos resultados en aspectos específicos, como la lucha contra el narcotráfico, pero en lo que respecta a la respuesta inmediata ante el asedio de la delincuencia común, hay un cansancio de la población ante esa inoperancia de la Policía”, opinó Orozco.
El especialista confesó que los acontecimientos como lo de Tipitapa y las continuas denuncias de la población de torturas y abusos por parte de la Policía Nacional le hacen dudar de lo real que puedan ser los resultados de las últimas encuestas de opinión, las cuales ubican con altos porcentajes de aprobación tanto el actuar en general de la institución del orden público, como el de la figura de su jefa, la primera comisionada de facto, Aminta Granera.
“Yo creo que la Policía Nacional debería de poner su barba en remojo. Hay un claro rechazo de la población a la gestión policial. Ya en Tipitapa había pasado algo similar, lo que ocurrió en Catarina, en La Paz Centro. No puede estar cometiendo tantos abusos ni conteniendo tantas denuncias resultados no solo de actuar en general, sino también por su vinculación partidaria al Frente Sandinista”, mencionó el especialista.
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