Josué Bravo
Corresponsal / Costa Rica
El gobierno costarricense invertirá un 50 por ciento más de presupuesto para reconstruir un primer tramo de 25 kilómetros de la fallida carretera fronteriza, la que bordea el río San Juan y es motivo de conflicto con Nicaragua por los daños ambientales causados en la frontera.
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) había destinado inicialmente 669 millones 900 mil colones, equivalentes a 13.2 millones de dólares, la empresa constructora Meco para mitigar los daños sufridos en la vía que se construyó sin planos ni permisos ambientales.
Ese monto inicial era para mejorar 15 kilómetros, pero con el aumento de 330 millones de colones más (más de 654 mil dólares) para un total de 999 millones 900 mil colones, equivalentes a casi dos millones de dólares; el tramo a mitigar aumentó a 25 kilómetros, iniciando en la zona conocida como Tiricias de San Carlos, en la frontera.
Desde el pasado mes de abril la empresa Meco construye cunetas, alcantarillas, asegura paredones, realiza canales de agua y trampas de lodo.
El director del Conavi, José Luis Salas, al comentar la ampliación de las labores de mitigación de 15 a 25 kilómetros, explicó que esta primera etapa podría culminar en tres o cuatro meses.
Los primeros 15 kilómetros podrían estar listos entre finales de mayo y principios de junio y luego se continúa con los otros diez.
Esta vía empezó, de 160 kilómetros, a construirse sin planos o diseños a inicios del 2011, avalada por un decreto de emergencia del ejecutivo, que alegaba supuesta invasión del Ejército de Nicaragua.
Durante el primer invierno las obras empezaron a dañarse y hace un año, la propia mandataria Laura Chinchilla denunció supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y empresarios.
Según la prensa local, los canales que se construyen recogen el agua para depositarla en el río San Juan. Nicaragua demandó a Costa Rica en diciembre de 2011, ante la Corte Internacional de Justicia, alegando contaminación por los sedimentos que arrastra la carretera.
El caso fue unificado por la Corte con una primera demanda presentada por Costa Rica a finales de 2010, alegando supuesta invasión a su territorio por el dragado nicaragüense en el río San Juan.
Las labores de mitigación que desarrolla el gobierno de Costa Rica, incluye reforestación en la zona talada por la apertura de la vía.
