Tegucigalpa/ACAN-EFE
La justicia hondureña anunció hoy en la Gaceta Oficial la entrada en vigor del decreto que reglamenta la extradición de nacionales implicados en narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras aprobó el 9 de mayo pasado por unanimidad la “figura del instructivo” para garantizar el procedimiento de la extradición.
El decreto del Poder Judicial contiene el reglamento que detalla el procedimiento a seguir para ejecutar una extradición, las garantías de seguridad al juez que conozca el caso y el proceso que se debe seguir para no violentar los derechos humanos del acusado.
Dicho decreto corresponde a la reforma al artículo 102 de la Constitución de Honduras, aprobada en enero de 2012 y permite que un ciudadano sea extraditado a solicitud de otro país.
En abril pasado, el presidente del Supremo de Honduras, Jorge Rivera, reveló que esa institución está pendiente de resolver dos solicitudes de extradición, de un hondureño y un ciudadano extranjero, cuyos nombres no reveló, ni las causas de la petición,ni el país que los solicita.
Estados Unidos solicitó también en abril pasado la extradición del presunto narcotraficante hondureño Carlos Lobo, a quien las autoridades le incautaron en octubre de 2011 en el Caribe hondureño varias propiedades, incluidas residencias, vehículos de lujo entre otros bienes.
Las autoridades hondureñas desconocen si Lobo se encuentra en Honduras y, de ser capturado, sería el primer hondureño extraditado bajo esta reglamentación.
Rivera dijo también en aquella ocasión que esa institución usaría “disposiciones transitorias” para resolver las solicitudes de extradición, debido a que el Parlamento no había aprobado el reglamento para la Ley de Extradición.
Según la norma, no pueden ser extraditados los menores de edad, cuando ya se haya denegado una petición y las motivaciones de la nueva petición sean las mismas, tampoco se podrá extraditar a un hondureño a un país en donde el delito que se le imputa se sancione con pena de muerte ni por delitos políticos.
De igual manera, no procederá la extradición cuando haya prescrito la acción penal contra el extraditable en el país que lo solicite.
La Constitución hondureña de 1982 no permitía la extradición de nacionales.
No obstante, el 5 de abril de 1988 el Gobierno de José Azcona capturó y entregó al presunto narcotraficante hondureño Juan Ramón Mata a la justicia de Estados Unidos, acción que generó graves disturbios en la capital hondureña.