Caracas/EFE
El líder opositor Henrique Capriles dijo hoy que tres millones de familias venezolanas “tienen problemas” para alimentarse al no poder cubrir la canasta básica, después del reconocimiento de la Organización de la ONU para la Agricultura y Alimentación (FAO) al Gobierno de Nicolás Maduro.
“Se calculan que son tres millones de familias que tienen problemas con la alimentación”, indicó Capriles durante una acto como gobernador del estado Miranda (centro de Venezuela), sin precisar la fuente de estas cifras.#### “Súmele, además, cuánto cuesta la canasta alimentaria y cuánto es el salario mínimo”, expuso el líder opositor en su canal por internet capriles.tv.
El estimado de la cesta básica de alimentación está en los 2,620 bolívares (415 dólares), según el Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque colectivos como el de los maestros aseguran que supera los 10,000 bolívares (1,587 dólares). El salario mínimo se situó en mayo en los 2,456 bolívares (390 dólares).
“Si usted no tiene para cubrir la canasta alimentaria, sin duda alguna, en ese hogar hay problemas para poder conseguir los alimentos”, expuso.
“Les digo esto por el tema de la FAO, aquí al Gobierno le encanta caerse a coba (engañar) y caernos a coba a nosotros, y hay quienes se creen las cobas”, añadió.
“Tenemos que hacerle frente a las mentiras (del Gobierno) en cuanto al hambre”, agregó Capriles, al recordar que la inflación en el país fue de un 6.1 % en mayo y acumula ya un 19.4 % en lo que va de año.
La FAO reconoció el pasado domingo a Venezuela, junto a Honduras y Panamá, por haber logrado los objetivos del “Reto del Hambre Cero” y el de reducir a la mitad el número de personas desnutridas desde 1996.
Venezuela sufrió en las últimas semanas la escasez de algunos productos de consumo básico, que hicieron más agudos los problemas de desabastecimiento que habitualmente sufre en diversos renglones comerciales.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro responsabiliza de este a la especulación y los empresarios la atribuyen al sistema de control de cambios que limita al acceso a las divisas, que rige en el país desde hace 10 años.
