Claudia García Rocha
Al igual que en el 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que Nicaragua no recibirá la “dispensa” o waiver de la Transparencia Fiscal, porque no ha cumplido con las reglas de transparencia fiscal requeridas.
También mencionan que el gobierno ha desestimado la importancia del hecho, porque los recursos provenientes de ese país no son significativos.
Más allá de lo cuantiosa o no de la cooperación estadounidense, tendríamos que plantearnos por qué la transparencia fiscal es importante y qué efectos genera la opacidad presupuestaria. Además el tema de la transparencia fiscal, no debería ser exclusivamente un asunto de rendición de cuentas hacia la cooperación bilateral o multilateral, sino y sobretodo un asunto de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad con el país y su ciudadanía.
La transparencia fiscal hace referencia al fácil acceso a información confiable, integral, oportuna, comprensible y comparable a nivel internacional sobre las actividades financieras del gobierno, que permite que la ciudadanía pueda evaluar con precisión la situación financiera, los costos y beneficios económicos de las actividades gubernamentales del presente y futuro, y sus implicaciones sociales (Kopits y Craig, 1998).
Acceder a información fiscal no solo incrementa la eficiencia en la asignación de recursos, sino que también puede ayudar a asegurar que los beneficios del crecimiento económico se redistribuyan. Además genera confianza ciudadana, porque reafirma el contrato social por medio del cual la ciudadanía otorga poder al Estado y demanda rendición de cuentas a cambio (Bellver y Kaufman, 2005), reduciéndose así los riesgos de corrupción.
Por el contrario, las prácticas fiscales no transparentes tienden a desestabilizar, crean distorsiones en las asignaciones y agravan las desigualdades. En este sentido, Nicaragua tiene pendientes importantes.
En relación a los privilegios fiscales o gasto tributario (Ej. exoneraciones, exenciones, deducciones), el gobierno año con año debería incluir en el Presupuesto General de la República (PGR) información sobre las políticas vigentes que rigen el gasto tributario. Como no existe una obligatoriedad para que anualmente el legislativo los apruebe (porque están contemplados en otras leyes), no están sujetos al mismo grado de escrutinio y esto compromete la transparencia.
Los estándares internacionales de transparencia fiscal, recomiendan que el gobierno, deba al menos incluir información y estimar el impacto de los gastos tributarios más relevantes. Así como información sobre el método utilizado para estimarlos, si están sujetos o no a “cláusulas de extinción”, el tipo de gasto tributario y una justificación política. En la región, como ejemplo a destacar está República Dominicana, que incluye en su Ley de Presupuesto General del Estado información al respecto.
Otro pendiente está relacionado con los fondos extrapresupuestarios y sin duda es el que más ha llamado la atención, particularmente los fondos provenientes de la cooperación venezolana que financian programas públicos. Los fondos extrapresupuestarios son fondos que financian al gobierno, pero que no están incluidos en el presupuesto anual y por tanto, no están sujetos al mismo nivel de regulación o auditoría que las otras partidas. Los fondos extrapresupuestarios pueden incluir una amplia variedad de convenios, desde fondos de pensión y seguridad social hasta fondos mantenidos por las empresas propiedad del Estado.
En algunos países, han incluido convenios para recursos públicos provenientes de la extracción de recursos naturales y la ayuda extranjera, como sería el caso de la cooperación venezolana. Independientemente que sean fondo procedentes de un convenio entre empresas —en nuestro caso es una empresa vinculada al Estado— los fondos dirigidos a financiar programas públicos deberían estar reflejados en el PGR, esto ya ha sido expuesto por diferentes especialistas a los largo de los últimos siete años.
Lo anterior nos lleva a otro gran pendiente, que se refiere a reflejar en el PGR información relacionada a los pasivos contingentes, es decir aquellos costos que tendría que asumir el gobierno en caso de que ocurran determinadas eventualidades. Por ejemplo, qué costos tendría que asumir el gobierno si la cooperación venezolana se recortara, concluyera o qué garantías coloca el gobierno en el caso del Gran Canal. Los pasivos contingentes son relevantes porque implica que un gobierno pueda considerarse como el garante en última instancia y las garantías implícitas o asumidas pueden ser muy amplias.
Aunque Nicaragua mejoró su puntuación en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2012 (IBP, 2012), en 5 puntos en relación a 2010, los desafíos en la materia son muchos. En la actualidad, según esta misma encuesta, Nicaragua se sitúa en el último lugar de países que brindan “cierta” información presupuestaria y nos han otorgado 42 puntos de 100.
El tema es relevante y debería ser ampliamente abordado, porque sin duda tiene muchas implicaciones y lentes para ser analizado, pero nunca debe perderse de perspectiva que es un tema que está permeado por el derecho a saber y a acceder a información, derechos ciudadano establecido en el artículo 66 de nuestra Constitución Política.
La autora es Coordinadora Programa Gobernanza e Inclusión Social, Ieepp. www.ieepp.org
