Elízabeth Romero
Hace más de un año una juez de Chinandega determinó que la empresa Viviendas Económicas de Nicaragua Sociedad Anónima (Vienicsa), propiedad del señor Francisco López, allegado a la familia presidencial, debe cancelar una deuda con Carlos Acosta Castellón.
Según Acosta, existe una cláusula de reconocimiento de adeudo a través de la cual se establece que los 150,000 dólares restantes de un total de 621,000 dólares por los que su familia vendió tres terrenos, serían pagados en seis cuotas de 25,000 dólares en 2011.
Aunque la resolución judicial fue apelada fuera de tiempo en el Tribunal de Apelaciones de occidente, por respuesta también hay una denuncia en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) contra las personas involucradas en el caso.
La denuncia fue confirmada por la comisionada general Glenda Zavala, pero negó que haya sido López quien la impulsó.
Si bien Zavala no confirmó que Acosta esté incluido entre los citados para la investigación, el pasado 14 de agosto el denunciante tramitó a su favor un recurso de Hábeas Corpus, por considerar que existen amenazas de detención ilegal en su contra.
El recurso se introduce contra López y los funcionarios de la DAJ, comisionado Francisco García y la oficial Blanca Méndez, del departamento de Crímenes Violentos de la DAJ, en el cual sostiene que “están fabricando un caso para intimidar, reprimir y encarcelar al ingeniero Carlos Aristides Acosta Castellón”.
No obstante, sobre la deuda respondió: “Yo tengo entendido que eso fue cancelado” y señaló: “En derecho las cosas se prueban. Yo estoy claro que a él no se le debe”. En julio de 2011 declaró a un medio local que el reclamo de Carlos Acosta era legítimo.
[/doap_box][doap_box title=”Antecedentes del caso” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
Y en la búsqueda, Giovani Léster Meza Guevara, quien según Acosta es su amigo, le comentó que había unas personas interesadas.
Según la memoria de Acosta, entre los interesados estaba Leonardo Torres Céspedes, que en ese momento era directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), encargado de supervisar en nombre de la junta directiva de esa institución las inversiones, e hicieron alianza.
En esa ocasión le sugirieron a Acosta que “porque no era político”, no podía ser socio, pero ejecutaría el proyecto, por lo que él traspasó sus acciones a Meza, para que pudieran obtener financiamiento en el INSS, de 2.5 millones de dólares. Como garantía pedían terrenos que en ese tiempo eran de la familia Acosta, también Vienicsa era de su propiedad y la cedió. Con la presencia de Torres, también aparecen otras personas en la sociedad. Uno de ellos, Dack Marlon Valdivia.
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POLICÍA CITA A TODOS LOSINVOLUCRADOS EN EL CASO
La comisionada general Zavala casualmente recordaba muy bien el caso, no así quien la presentó. “Nosotros estamos haciendo una investigación. Se han citado (personas) y eso es legal, cuando la Policía cita alguien el deber es presentarse a la Policía para ver para qué lo están citando”, sostuvo Zavala.
“¿Quién presentó la denuncia?”, preguntó LA PRENSA a Zavala.
“No recuerdo quien es, pero no es Chico López. Hay una denuncia de estafa”, explicó Zavala, quien habló sobre el tema tras concluida una actividad de la Policía Nacional.
Para Zavala, el recurso de Hábeas Corpus “son argumentos o formas defensivas de las personas cuando son denunciadas” e insistió en que “cumplimos con los procedimientos que la ley establece apegados a derecho”.
La jefa policial se limitó a decir que hay citas para todos los que aparecen relacionados al caso.
Extraoficialmente, LA PRENSA conoció que uno de los citados fue Giovani Léster Meza, quien en 2009 entregó la presidencia de Vienicsa a Marlon Valdivia, y le habría confirmado a la Policía la deuda de Vienicsa con Acosta. Meza prefirió no emitir declaraciones.
JUEZ RESOLVIÓ QUE VIENICSADEBE A CARLOS ACOSTA
La resolución emitida en junio de 2012 por la juez Segundo Civil del Distrito de Chinandega, María Rosario Ibarra Padilla, determinó que Vienicsa le adeuda a Acosta 3,300,000 córdobas (en ese momento equivalentes a 150,000 dólares), más una tercera parte de dicha cantidad para responder por daños y perjuicios.
Además, deja firme un embargo preventivo decretado por la juez Local Civil de Chinandega en febrero de 2011.
Lo irónico del caso es que Acosta alega que inicialmente Vienicsa era de su propiedad, así como los terrenos donde serían construidas más de 500 viviendas de corte popular, pero cedió los derechos a fin de que se ejecutara el proyecto.
EMPRESA EN PODER DEFRANCISCO LÓPEZ
Es de destacar que la empresa Vienicsa pasó a poder de López en 2010, momento en el cual quien presidía la sociedad era Marlon Valdivia, esto porque supuestamente los directivos —quienes habían retirado fondos del seguro social hasta por 1,300,000 dólares— no construyeron ni una casa.
En el sitio donde construirían las 500 casas apenas se aprecia lo que fueron los preparativos del terreno por el monte que ha crecido, pese a que en su momento, según documentos, esa empresa destinó un poco más de 100,000 dólares para la compra de gabinetes de cocina, pero únicamente fue construida una caseta para vigilantes.
En julio 2010, López, con todas las acciones en su poder, nombró como presidente a Oscar Danilo Mojica Aguirre. Y es Mojica quien en la apelación del caso, en la exposición de agravios señala: “No existe certeza en cuanto a la vigencia de la deuda en la escritura 47”.
Entre los alegatos presentados por Mojica están que al momento de la escritura de compra venta la señora Ana María Acosta Castellón —hermana de Carlos Acosta, quien asumió posteriormente la representación familiar— con el acta de la firma de la escritura confió que recibió a su entera satisfacción. La explicación que ofrece Acosta Castellón fue que en marzo de 2008 “traspasamos, confiando en ellos y creyendo se trataba de personas honradas”.
Y en la búsqueda, Giovani Léster Meza Guevara, quien según Acosta es su amigo, le comentó que había unas personas interesadas .
Según la memoria de Acosta, entre los interesados estaba Leonardo Torres Céspedes, que en ese momento era directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), encargado de supervisar en nombre de la junta directiva de esa institución las inversiones, e hicieron alianza.
En esa ocasión le sugirieron a Acosta que “porque no era político”, no podía ser socio, pero ejecutaría el proyecto, por lo que él traspasó sus acciones a Meza, para que pudieran obtener financiamiento en el INSS, de 2.5 millones de dólares. Como garantía pedían terrenos que en ese tiempo eran de la familia Acosta, también Vienicsa era de su propiedad y la cedió. Con la presencia de Torres, también aparecen otras personas en la sociedad. Uno de ellos, Dack Marlon Valdivia.
Leonardo Torres Céspedes, exfuncionario del INSS.
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