Gloria Picón Duarte
En un documento de siete puntos los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) expresaron su rechazo a la Reforma Parcial de la Constitución Política de Nicaragua, por considerar que está “orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo”.
El documento fue presentado a la Comisión Especial Constitucional por el padre Herling Hernández, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal y monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua. En el mismo agregan que la actual reforma no beneficia a la nación y que lo más urgente en Nicaragua en este momento no es realizar cambios a la Carta Magna, sino “purificar y rectificar la mentalidad y la práctica en relación con el ejercicio de la política”.
Los obispos advierten que la situación que vive el país exige urgentemente replantear el funcionamiento integral del sistema político, “pues el poder se sigue concibiendo como patrimonio personal y no como delegación de la voluntad popular” .
En la propuesta de reforma que hizo el oficialismo, se busca la reelección indefinida, los militares y policías podrán ocupar cargos en instituciones de gobierno, se constitucionalizan los Gabinetes de Familia, se establece el control de las telecomunicaciones, el presidente podrá dictar decretos con fuerza de ley, los partidos políticos quedan relegados a las elecciones y se constitucionalizan gabinetes sectoriales que anulan en la práctica a los Poderes del Estado.
En la consulta también dieron sus respaldo el Consejo Supremo Electoral, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Frente Nacional de Trabajadores, la Coordinadora Social, la Corte Suprema de Justicia, la Asociación de Municipios de Nicaragua, el Consejo Nacional de Universidades, la Comisión Nacional Académica de Derecho, Yatama, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.
Mientras que la Alianza Evangélica, el Partido Liberal Independiente y el Partido Liberal Constitucionalista rechazaron la reforma. No fueron consultados el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, pero hicieron público su rechazo a la reforma.
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El Departamento de Estado espera que “el Gobierno y todos los sectores puedan discutir el significado de la propuesta de reformas y sus posibles efectos a largo plazo sobre la democracia y la prosperidad de Nicaragua”.
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DESMANTELAMIENTO INSTITUCIONAL
Los obispos agregan que no consideran conveniente una reforma a la Constitución, sobre todo cuando estas reflejan la pretensión de un cambio sustancial e integral en el sistema político de Nicaragua. Señalan que en este momento hay evidente desmantelamiento institucional del país y la separación de poderes es inexistente, además de “las experiencias continuas de irregularidades electorales y violaciones a la Constitución Política que han alterado el rumbo institucional y democrático del país”.
“Lo que urge en Nicaragua más bien es el cumplimiento de las normas constitucionales de parte de quienes ejercen el poder y el compromiso de todos los sectores de la nación (…), pues una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto como demuestra la historia”, señalan los obispos.
TAMBIÉN CRITICAN A OPOSICIÓN
En su documento también critican a la oposición, ya que consideran que esta se debate en luchas internas y descalificaciones recíprocas sin representar ninguna alternativa para el país.
Alberto Lacayo, vicejefe de la Bancada de la Alianza Partido Liberal Independiente, elogió la posición de los jerarcas católicos, manifestando que esta coincide con la posición de la bancada, ya que desde un inicio habían afirmado que no es necesaria una reforma constitucional, sino el respeto a la institucionalidad y que se cambie el sistema electoral.
En cuanto a las críticas que los obispos hacen a la oposición, Lacayo dijo respetar la opinión, pero añadió que han hecho propuestas, pero que el “orteguismo no hace caso. Imagino que es la percepción que han tenido de opositores en el pasado que han dejado mucho que desear, tienen razón, habrá que hacer un examen de conciencia y rectificar, pero sí hemos hecho propuestas”, justificó Lacayo.
Lacayo reiteró que “no cabe una reforma, sino que se respete lo que existe, que se respete la Constitución que (el presidente inconstitucional Daniel) Ortega apoyó en su momento cuando era oposición”.
CONSULTAS A CARRERA
La consulta que inició el pasado 8 de noviembre finalizó ayer con la participación de la Conferencia Episcopal, sin embargo, diversos sectores manifestaron que fue excluyente y no recoge el sentir de la población.
“Una auténtica Constitución Política debería, finalmente, estar refrendada por la participación del pueblo, a través de un vasto proceso de consultas, sin exclusión de nadie ni de ningún sector de la sociedad y sin prisas inexplicables delante de un asunto tan grave para la nación”, señala el documento emitido por los obispos.
En ese mismo sentido el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) también lamentó que no hubiera más tiempo y mayor inclusión en la consulta, por lo que espera que en el periodo de ratificación de lo que se apruebe en estos días, pueda ser mejorado.
CONSULTA ENTRE ELLOS MISMOS
Por su parte, la diputada sandinista Alba Palacios, presidenta de la comisión especial constitucional insiste en que esta es la primera reforma que se ha consultado.
“Ha habido varias reformas a la Constitución, en esas cinco reformas no ha sido consultado nadie, ni el sector religioso, ni el poder local, ni por escrito se ha consultado, por eso es muy importante que se sepa que es la primera vez que se hace una reforma constitucional con consulta, a pesar que el Frente (Sandinista) tiene los 63 votos para aprobarla, pero no lo hizo”, reiteró Palacios
Oscar Castillo, experto en Derecho Constitucional manifestó que la reforma de 1995 fue ampliamente consultada y se tomó en cuenta a las universidades, sociedad civil y organismos de derechos humanos. Agregó que el Frente Sandinista no se sintió consultado porque no estaba de acuerdo con las reformas, sin embargo, logró que la reelección fuera permitida en dos periodos discontinuos, porque la propuesta original era la no reelección.
Para el diputado Lacayo lo que se ha realizado actualmente es una autoconsulta, dado que la mayoría de llamados han sido las instituciones del Estado y aliados del Gobierno. “Los únicos verdaderamente consultados fueron la Iglesia evangélica, la Iglesia católica y el Cosep”, dijo.
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