Uruguay se convirtió el martes en el primer país del mundo en legalizar la producción y venta de marihuana, una iniciativa considerada por el gobierno como un experimento con el que busca enfrentar al narcotráfico, en una región que sufre la lucha contra las drogas.
“Otro golpe más a la hipocresía social”, sentenció con una sonrisa de oreja a oreja Valeria Rubino, militante de 37 años que llegó hasta el Parlamento junto a “la última marcha con la marihuana ilegal”.
Tras 12 horas de debate y con 16 votos a favor en 29, solo los de la coalición de izquierda del gobernante Frente Amplio, el Senado uruguayo dio sanción definitiva a un inédito y polémico proyecto que habilitará la producción, distribución y venta de cannabis, el autocultivo y los clubes de consumidores, todo bajo control estatal.
La votación fue recibida por vítores y un cerrado aplauso de parte de defensores de la legalización que colmaron las barras y con fuegos artificiales por cientos que esperaron en el exterior la votación fumando cannabis, en un clima de fiesta.
“Es un día histórico. Uruguay pasa a ser una especie de vanguardia internacional en este tema”, señaló el senador oficialista Alberto Couriel al justificar su voto.
“Uruguay está votando esta ley en un contexto de leyes de defensa de los derechos”, añadió, recordando que la flamante norma se suma a la legalización del aborto y del matrimonio homosexual aprobados en los últimos meses.
La iniciativa ha sido promovida por el presidente José Mujica, un exguerrillero de 78 años quien no ha dudado en calificarla como un experimento y aseguró que si no funciona está dispuesto a dar marcha atrás.
Las dudas que genera el inédito proyecto, que va más allá que las legislaciones de los estados estadounidenses Washington y Colorado o de países como Holanda o España, son legítimas, dijo Mujica el martes al canal 4 de televisión local.
“Pero la duda no nos puede paralizar para ensayar nuevos caminos ante un problema que nos tiene agarrados”, señaló. “No estamos totalmente preparados” para la implementación de la ley, admitió el presidente, quien llamó no obstante a tener “audacia”.
Pelear mercado al narcotráfico
Durante el largo debate, los legisladores oficialistas defendieron el proyecto como una alternativa al fracaso de décadas de guerra contra las drogas, como forma de arrebatarle el mercado al narcotráfico y de controlar un consumo que ya existe.
Además, el senador oficialista Roberto Conde aseguró que el proyecto busca solucionar la “grotesca incongruencia jurídica” que implica que si bien el consumo de drogas no está penado en Uruguay, hasta ahora sí lo estaba su producción y comercialización.
El consumo de cannabis, que representa el 70% de las drogas ilegales en Uruguay, se ha duplicado en los últimos 10 años. Según las autoridades hay unos 128,000 fumadores de marihuana, aunque las asociaciones de consumidores calculan que rondan los 200,000, en un país con una población de 3,3 millones de habitantes.
Según el texto, los mayores de 18 años podrán acceder a la droga mediante el autocultivo, clubes de consumidores o comprándola en farmacias, en todos los casos con límites y previo registro ante el Estado.
Riesgos y dudas
La oposición, que rechazó la iniciativa, consideró el proyecto inconstitucional y advirtió que provocará un aumento del consumo.
“Ni nuestro gobierno ni el resto del mundo debería experimentar con los uruguayos”, advirtió el senador Alfredo Solari, del opositor Partido Colorado.
Desde el Partido Nacional, el senador Luis Alberto Heber consideró que creer que se podrá evitar un mercado negro y el consumo de los menores “es de una gran inocencia”.
La iniciativa es también cuestionada por los químicos farmacéuticos, que rechazan que la droga sea vendida en farmacias, y divide a los psiquiatras, enfrentando a quienes afirman que puede abatir el consumo de drogas más peligrosas y quienes sostienen que banaliza los efectos nocivos del cannabis.
Según diversas encuestas, más del 60% de la población desaprueba la iniciativa.
Para Julio Rey, vocero de la Coordinadora nacional por la regulación de la marihuana, “este es el proyecto de consenso posible”.
“Festejamos el fin de la prohibición, pero esto no es la meta, al contrario, es el punto de partida: la aprobación de esta ley da más y mejores armas en la lucha de avanzar en libertades, sin persecución y sin estigmatizaciones”, sostuvo.
Temas pendientes
En una región donde la guerra contra las drogas ha dejado decenas de miles de muertos, la ley fue respaldada por expresidentes latinoamericanos integrantes de la Comisión Global de Política de Drogas, pero vista con preocupación por los países vecinos Argentina o Brasil.
Para la ONG estadounidense Drug Policy Alliance (DPA), la aprobación es histórica y catalizará el apoyo a este tipo de medidas en la opinión pública latinoamericana.
“Si antes la pregunta era 'cómo erradicar la marihuana' (…) ahora la pregunta es 'cuál es la mejor forma de regularla legalmente”, dijo a la AFP en Washington el director ejecutivo de DPA, Ethan Nadelmann.
La aprobación de la norma no tendrá efecto inmediato, ya que tras su promulgación el Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentarla.
Será la reglamentación la que determinará aspectos como qué variedades de la droga se producirán, con qué grado de concentración, cómo se otorgarán las licencias para plantar o cómo y dónde se cultivará.
Aunque no está formalmente definido, las autoridades han adelantado que el cannabis legal costará igual que en el mercado negro y será de mejor calidad.
Si todo sale según los planes gubernamentales, los primeros cultivos controlados por el Estado se iniciarían después de abril de 2014.
La ley sigue despertando además resistencia entre los uruguayos: el 61% la desaprueba, según una encuesta de setiembre pasado. Mientras muchos celebran, otros cuestionan el hecho de tener que registrarse y los límites al consumo que aplicará el Estado.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que vigila la aplicación de los tratados sobre drogas, ha advertido que el proyecto vulnera la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes adoptada por 186 países, incluido Uruguay.
La regulación del cannabis en Uruguay se suma a la legalización en los últimos meses del aborto y el matrimonio homosexual, y a una larga historia de leyes sociales liberales en el país.
