El gobierno turco realizó el jueves una nueva purga de la Justicia y podría, a partir de la semana próxima, someter a votación su contestada reforma judicial, considerada por la oposición como un intento de sofocar la investigación por corrupción de la que es objeto.
Un nuevo episodio que revela la determinación del primer ministro Recep Tayyip Erdogan por controlar a la justicia y a la policía, fue el anuncio del Alto Consejo de Jueces y Fiscales (HSYK) sobre la mutación de puestos de una veintena de fiscales, entre ellos el general de Estambul, Turhan Colakkadi.
El propio HSYK también anunció la apertura de una investigación a varios magistrados a los que recientemente se los desafectó de las indagaciones judiciales sobre corrupción, que afectan al gobierno.
Dedse el pasado 17 de diciembre, varias decenas de empresarios, hombres de negocios y conocidos políticos, cercanos al primer ministro islamo-conservador, quien “reina” en solitario en su país desde 2002, han sido inculpados y/o encarcelados por fraude, blanqueo de dinero y corrupción.
Este asunto provocó la renuncia de tres ministros y precipitó una reestructuración del gobierno el día de Navidad.
Erdogan acusa a la cofradía del predicador musulmán Fethullah Gülen, autoexiliado en Estados Unidos pero muy influyente al igual que los suyos entre la policía y la justicia turcas, de manipular la investigación en curso para desestabilizarlo en vísperas de las elecciones municipales del 30 de marzo y de las presidenciales, previstas para el mes de agosto próximo.
Asimismo, desde que este caso saliera a la palestra, el jefe de gobierno destituyó a más de un millar de policías, entre altos mandos y oficiales subalternos.