Moisés Martínez
Los abogados del bufete estadounidense Foley Hoag tuvieron que recurrir a gestiones legales de carácter “extraordinario” para defender al presidente inconstitucional Daniel Ortega y otros cinco señalados en la demanda civil por el asesinato y tortura del coronel de la Guardia Nacional, José Ramón Silva Reyes, entablada en San Diego, California, por dos de los hijos de Silva.
Abogados nicaragüenses, con licencia para litigar en Estados Unidos consultados por este diario, explicaron que los abogados de Foley Hoag; Andrew Z. Schwartz, Janis H. Brennan y Paul S. Reichler (este último miembro del equipo jurídico de Nicaragua en los litigios internacionales que el país enfrenta en la Corte Internacional de Justicia en La Haya) se personaron al juicio bajo una figura denominada Pro Hac Vice.
Esto es como una especie de dispensa especial solicitada para poder personarse al proceso, aunque no sean parte de la barra de abogados del Estado de California, está radicado el juicio.
500 DÓLARES POR HORA
Foley Hoag tiene sus oficinas en Washington DC y es un bufete de prestigio en la capital estadounidense. Los honorarios por sus servicios legales rondan los 500 dólares la hora, por cada uno de los abogados participantes en procesos legales, sin incluir gastos de representación.
La Presidencia de la República, a consulta formal y por escrito presentada por LA PRENSA en la Secretaría del Frente Sandinista desde la semana pasada, no ha respondido si los costos por el servicio de este bufete son asumidos por el mandatario inconstitucional o por el Gobierno de la República.
Sin embargo, Foley Hoag no es el único bufete de abogados involucrados en la defensa del presidente inconstitucional, del excoronel Lenín Cerna, director de la temida Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) y del fallecido dirigente sandinista Tomás Borge Martínez, antiguo titular del desaparecido Ministerio del Interior en la década de los años ochenta.
DESPACHO DE PRIMERA CLASE
De acuerdo con la documentación del juicio a la que se ha tenido acceso, el otro bufete involucrado es el Valle Makof LLP, radicado en la ciudad de Los Ángeles.
“Este bufete sería el respaldo de Foley Hoag en el juicio, porque está radicado en California y por ende, puede ejercer en San Diego. Pero ellos están a cargo de las gestiones menores. La carga principal del juicio la lleva Foley Hoag, que en resumen, lo que están haciendo notar a la juez a cargo (Cathy Ann Bencivengo) es que no existe jurisdicción para procesar a los demandados y que los procedimientos presentados no fueron los legalmente correctos”, explicó uno de los abogados consultados, quienes solicitaron anonimato, por temor a represalias desde el Gobierno de Nicaragua.
En su sitio web, Valle Makof LLP se presenta como un bufete de primera clase para litigios para empresas, fideicomisos y personas a través de California. “Nuestra firma de 16 abogados está dirigida por los litigantes abogados veteranos Jeffrey Valle y Jeffrey Makoff, que han manejado cientos de negocios desde mediados de la década de 1980”, cita el sitio web de este bufete.
En los documentos mismos (disponibles en nuestro sitio web), los abogados de Foley Hoag dejan establecida su participación especial en el juicio para defender al presidente Ortega.
“En síntesis, ellos no están atacando el fondo del asunto. Es una estrategia legal completamente procedimental. Es decir, ellos (el bufete Holey Hoag) lo que piden a la juez es que deseche el proceso porque los procedimientos usados por los demandantes no fueron los indicados y que por eso se absuelva a los demandados. Pero en sus alegatos, no se están refiriendo al señalamiento principal, que es la desaparición del señor Silva Reyes. Eso lo obviaron por completo”, explicó una de las fuentes.
La audiencia inicial de este caso se realizó el 17 de enero, y ahora se está en espera de lo que decida la juez Bencivengo.
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