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Desilusionados salieron del juzgado un grupo de los afectados por las viviendas que no les construyó el Invur en el 2006,    quienes exigen a los exdirectivos de la Cenor de Madriz la devolución de su dinero. LA PRENSA/W. ARAGÓN

Siguen a la espera de justicia

Por sexta ocasión el juez del Distrito Penal de Juicio en Madriz, Erick Laguna Averruz, tuvo que reprogramar el juicio en contra de la Profesora Mirna Elizabeth Mendoza Hernández, acusada del supuesto delito de hurto agravado en contra de 130 familias, que en el 2006 aportaron cada uno entre 300 a 350 dólares para la construcción de sus casas, las que serían hechas por el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) en el municipio de Somoto, a través de la Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro (Cenor).

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130 familias somoteñas han pasado luchando por más de siete años, para que los exdirectivos de la Cenor les devuelvan el dinero que entregaron para sus casas nuevas.

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En los rostros de un grupo de los afectados, que el pasado martes estuvieron pendientes de la realización del juicio en contra de Mirna Elizabeth Mendoza Hernández, se podía notar el enojo y la desilusión al ver que cada día se va desvaneciendo la posibilidad de recuperar el dinero que confiaron a los exdirectivos de la Cenor.

En Somoto muchos cuestionan la acusación del Ministerio Público contra Mendoza Hernández, quien recibía el dinero y lo depositaba en una cuenta de la Cenor a nombre del coordinador departamental, Mauricio Lorente Castillo, actual funcionario de la comuna somoteña, y quien aparece como el principal testigo de la Fiscalía contra la procesada.

El abogado defensor Leyvi Valenzuela, señala que su defendida tiene en su poder los recibos, que demostrarán en juicio, que ella entregaba dinero de los beneficiarios al excoordinador de la Cenor en Madriz, Mauricio Lorente Castillo.

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William José Aragón Rodríguez

Por sexta ocasión el juez del Distrito Penal de Juicio en Madriz, Erick Laguna Averruz, tuvo que reprogramar el juicio en contra de la Profesora Mirna Elizabeth Mendoza Hernández, acusada del supuesto delito de hurto agravado en contra de 130 familias, que en el 2006 aportaron cada uno entre 300 a 350 dólares para la construcción de sus casas, las que serían hechas por el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) en el municipio de Somoto, a través de la Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro (Cenor).

Esta semana el juez Laguna convocó a más de cien personas para escoger a los que integrarían el jurado que conocería de la acusación contra Mendoza Hernández, pero la ausencia de la mayoría de los citados impidió que el juicio se realizara, y ahora se desconoce cuándo se reprogramaría el proceso.

Mirna Hernández formó parte de la directiva de la Cenor en Madriz, y según la denuncia, ella recibía el dinero, unos 31,167 dólares, y los depositaba a una cuenta bancaria a nombre de esta organización, que aglutina a exoficiales del Ejército y de la extinta seguridad del Estado en este departamento madricense.

“Otra vez suspenden el juicio, y aquí lo que están es ganando tiempo para que se venza el plazo y no hacer el juicio”, dijo Aureliano Salinas, uno de los afectados, quien cuestionó que detrás de la dilatación del proceso judicial hay intereses, al indicar que la denunciada es militante del Frente Sandinista (FSLN).

Nacionales familias Justicia archivo

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