Judith Flores
Corresponsal / Miami
La demanda que enfrenta el presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, en un tribunal del Distrito Sur de San Diego, California, fue ampliada contra los bienes de Ortega, Petróleos de Nicaragua, Petronic, Albanisa y a empresas venezolanas como Petróleos de Venezuela (PDVSA), y la corporación CITGO, una compañía de gasolineras en Estados Unidos, que de acuerdo a los demandantes, Ortega posee acciones en la misma.
La demanda es por 200 millones de dólares, por los delitos de tortura y asesinato contra el excoronel de la Guardia Nacional, José Ramón Silva Reyes, perpetrado en 1983. Los demandantes son dos de los hijos de la víctima: José Ramón Jr. y Aníbal Silva.
“Intentamos congelar todos los bienes de Nicaragua, la de sus cómplices y cualquier institución financiera o de negocios que estén vinculados a ellos y que sean encontrados fuera de Nicaragua”, dijo Silva.
La demanda incluye a funcionaros como excoronel Lenín Cerna, jefe de la temida Dirección General de la Seguridad del Estado en la década de los 80, que tiene 14 mil denuncias de crímenes; Marcela Pérez, embajadora de Nicaragua en Perú y viuda del exdirigente Tomás Borge, en su carácter de representante legal del patrimonio del fallecido; y fue ampliada a otros 20 funcionarios del régimen.
Entre estos destacan Francisco López, vicepresidente de Albanisa, director de Petronic y tesorero del FSLN; Bayardo Arce, actual asesor presidencial en temas económicos de Ortega; René Núñez Téllez, presidente de la Asamblea Nacional; y Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).
La demanda es también por daños emocionales, físicos y materiales causados a la familia; y el robo de la finca Santa Leonor, cuya extensión de 100 manzanas de tierras se ubica en una zona de alta plusvalía en Managua.
Silva aseguró que la propiedad de su madre ubicada en el kilómetro 10 y medio de Carretera Sur, fue fragmentada y está en manos de varios comisionados de la Policía Nacional y las hijas del exguerrillero Enrique Gorriarán Merlo, el asesino del exdictador Anastacio Somoza Debayle, que a pesar de no ser nicaragüense fue premiado por los sandinistas por el crimen de Somoza, con bienes expropiados a nicaragüenses.
“La propiedad es de mi madre, no existe ningún decreto de confiscación en los registros, ella no era militar, se la robaron”.
La demanda que inició en julio del 2013, y publicada hasta el pasado 17 de enero del año en curso, es conocida por la jueza Cathy Ann Bencivengo, y el expediente es 3:13-CV-01587-CAB-KSC.
Ortega y los demás acusados son defendidos por el bufete de abogados estadounidenses Foley Hoag, con sede en Washington D.C. y Valle Makoff, en California. Los abogados personados como defensores de Ortega y a todos los demás acusados en este proceso son Paul Scott Shukan, Jeffrey B. Valle, AndrewZ. Schwartz, Janis H. Brennan y Paul S. Reichler. Este último forma parte del equipo de abogados que representa a Nicaragua en los litigios territoriales queenfrenta en la Corte Internacional de Justicia en la Haya.
Los hechos
Tras el triunfo sandinista en 1979, el ex coronel Silva Reyes, se refugió en la embajada de Guatemala en Nicaragua, en busca de asilo político, cuatro años más tarde fue secuestrado de ese sede diplomática junto a los militares Chester Escobar y José Lagos. De acuerdo a la información que poseen los hijos de Silva Reyes, su padre tras ser secuestrado, fue torturado y posteriormente asesinado. 31 años después de los hechos la familia Silva Reyes, desconocen donde quedaron los restos de la víctima.
Defensa de Ortega
Los abogados defensores de Ortega, han solicitado a la Juez, desestimar la causa alegando que la misma no tiene jurisdicción porque los hechos sucedieron en Nicaragua.
Pero los demandantes han recurrido a una serie de leyes que ha imposibilitado a los defensores lograr hasta ahora su objetivo.
Y es que para la fecha en que los sandinistas cometieron el crimen, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, había declarado a Nicaragua como estado patrocinador de terrorismo internacional y exportador de armas ilegales a gobiernos democráticos para el derrocamiento de los mismos.
“Eso nos da el derecho de invocar la ley codificada como 28 U.S.C. 1605A, que se conoce en inglés como “Terrorism Exception to the Jurisdictional Immunity of a Foreign State,” contra el gobierno de Nicaragua. Además, ya éramos ciudadanos de Estados Unidos, hemos sido afectados, heridas que continúan hasta hoy, eso nos da el derecho de invocar la misma ley contra Nicaragua y los cómplices en la muerte de nuestro padre.
Con esta ley, intentamos congelar todos los bienes de Nicaragua, la de sus cómplices y cualquier institución financiera o de negocios que estén vinculados a ellos -los demandados- y que sean encontrados fuera de Nicaragua”, dijo Silva Reyes.
Otro de las leyes en la que han basado demanda es la1350. Ley de reclamación por agravios contra extranjeros, que establece que los tribunales Federales de Distrito de Estados Unidos, tendrán jurisdicción en toda acción civil entablada por un extranjero por un agravio solamente, cometido en violación de las leyes de la nación o de un tratado de los Estados Unidos.
“Lo llamativo es que nunca han alegado que no es cierta la causa, el crimen, robo secuestro y tortura, no discuten eso sino la jurisdicción”, dijo Ramón Silva Jr.
Se espera que la Juez emita una resolución del caso en las próximas semanas.
