El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció su fallo en la demanda interpuesta en 2001 por Nicaragua en contra de Colombia para definir los límites marinos entre ambos países en el Mar Caribe. El fallo fue salomónico. Reconoció la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y los cayos aledaños incluyendo Quita Sueño y Roncador. Pero al mismo tiempo, le concedió a Nicaragua una zona exclusiva económica (ZEE) de aproximadamente 75,000 kilómetros cuadrados en un área que Colombia consideraba ser parte de su mar territorial. Finalmente, en el transcurso del largo litigio la CIJ botó la pretensión colombiana de que el meridiano 82 constituía el límite marítimo oriental de Nicaragua, aclarando que la posición de Bogotá estaba basada en una antojadiza interpretación del tratado Bárcenas Meneses-Esguerra que ambos países acordaron en 1928.
Aunque el fallo no le dio a Nicaragua todo lo que pretendía, nuestro gobierno y pueblo lo aceptaron ecuánimemente y con generosidad. Por ejemplo, a pocas horas de que el fallo se divulgó, el comandante Ortega anunció que Nicaragua permitiría a los raizales a como se les llaman a los que habitan en San Andrés y Providencia— que continuasen pescando artesanalmente en la ZEE de Nicaragua.
La reacción al fallo en Colombia, por otra parte, fue negativa. Coincidió con la contienda presidencial que Colombia vivía y se convirtió en uno de sus temas más polémicos. El ex presidente Álvaro Uribe y su candidato para la presidencia, Oscar Iván Zuluaga, lo utilizaron para golpear a la candidatura del presidente Juan Manuel Santos, quien estaba buscando la relección. Uribe afirmó que el fallo lastimaba la soberanía de su país y que había que rechazarlo. También prácticamente acusó a Santos de haber mal manejado el tema y de haber perdido gran parte del mar territorial colombiano en el Caribe. Esta acusación fue insólita, ya que Uribe había sido presidente durante ocho de los once años que duró el litigio. O sea que si hubo mala conducción del caso, en gran medida fue culpa de Uribe.
Santos se defendió declarando que “el fallo nos golpeó el corazón, nos golpeó el alma. También lo vamos a enfrentar con contundencia”. Luego lo tildó de “inaplicable”, a pesar de que varios ex presidentes y prominentes juristas colombianos reconocieron que Colombia tenía que acatarlo. Además, sometió el caso a la Corte Constitucional de Colombia y en mayo de 2014, esta determinó que las fronteras de Colombia solamente podían modificarse a través de un tratado aprobado por el Congreso colombiano y ratificado por el presidente. Santos ha hecho propia esta posición y alega que Nicaragua y Colombia solo podrán resolver sus diferencias en el Caribe por medio de un nuevo tratado.
El proceso electoral colombiano está en su recta final. Zuluaga y Santos se disputarán la presidencia en una segunda vuelta el 15 de junio. Seguramente el fallo, al igual que las negociaciones con las FARC, seguirá siendo uno de los temas más conflictivos durante estas dos semanas de intensa campaña.
Entretanto ¿cuál es la realidad en el Caribe y cuál debería de ser la estrategia de Nicaragua de cara al futuro? En primer lugar, Nicaragua está ejerciendo sus derechos no solo en sus aguas territoriales, que se extienden 12 millas náuticas de la Costa Caribe, sino que en la ZEE. Desde finales de 2012, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua está patrullando en nuestra ZEE. Lo está haciendo basado en el fallo y el derecho internacional que estipula que los fallos de la CIJ son de ineludible cumplimiento. Este principio está explícitamente señalado en el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, solo nicaragüenses o ciudadanos de otros países autorizados por Nicaragua están pescando en la ZEE. De nuevo, están en todo su derecho de hacerlo gracias a la Ley de mares que reconoce que sólo el país que posee una ZEE puede explotar sus riquezas.
Unidades de la armada colombiana al igual que guarda costas y naves de guerras de otros países, como Estados Unidos y Rusia
— también surcan en la ZEE y hasta colaboran en la lucha contra el tránsito de estupefacientes. Ninguna de estas han intentado de restringir ni el derecho de patrullar de nuestras unidades navales ni de trabajar de nuestros pescadores. Y todo indica que tanto la armada colombiana como nuestra Fuerza Naval han encontrado como administrar el nuevo status quo sin incidentes. Finalmente, en el frente jurídico Nicaragua ha recurrido a la CIJ para extender su ZEE aún más, hasta 300 millas náuticas de nuestras costas basado en nuestra amplia plataforma continental y dentro del contexto de la Convención de Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar.
Ojalá que una vez concluidas las elecciones en Colombia, el tema del fallo se comenzara a tratar de una manera más serena y que prevalezcan las muchas voces sensatas colombianas que han argumentado que hay que acatar el fallo para no causarle más daño a la imagen de Colombia en el concierto de naciones. Pero Nicaragua debería de estar listo para una continuación de la actual postura colombiana. Debería de continuar buscando aliados, como México y miembros del SICA, con relación a este tema explicándoles los pormenores del fallo. Este cabildeo también debería de hacerse con otros países influyentes, como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea. Lo que no debemos de aceptar es negociar un tratado que sería redundante y que podría enredar las cosas al interpretarse como una aceptación implícita de que el fallo no cerró este asunto. A lo sumo, podríamos acordar medidas para administrar aspectos del fallo, que es complejo. Pero nada más.
El autor fue Canciller de Nicaragua.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
