Martha Vásquez
“Nos recibió el secretario de la Corte, Rubén Montenegro, y da la misma respuesta, dice que no es su responsabilidad, él cumple su deber de pasar nuestros escritos a la Corte, pero que los magistrados no se reúnen en pleno porque no tienen tiempo, ni consenso para priorizar el tema de la vida de las mujeres”, dijo Martha María Blandón, del Grupo Estratégico.
Las demandantes seguirán protestando en las calles y exigiendo acceso a la justicia, porque es un derecho ciudadano.
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El Estado propicia la violencia contra las mujeres y genera un clima de impunidad con la nueva reforma de hecho que pretenden aplicar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, referente al delito de femicidio, reduciéndolo al ámbito privado, coincidieron mujeres organizadas y organismos defensores de derechos humanos.
“Son sumamente preocupantes las declaraciones de la Policía y de los magistrados, porque hacen una interpretación errada de la Ley, al reducir el femicidio a las relaciones de parejas contrario a la Ley 779. Esto genera un clima de inseguridad para las mujeres nicaragüenses y un clima de impunidad para los agresores, porque aquí se están interpretando de forma antojadiza las leyes, pisoteando la constitucionalidad del país”, dijo Elia Palacios, integrante de la Red de Mujeres contra la violencia.
INTERESES CREADOS
Evelyn Flores, de la Fundación Puntos de Encuentro, coincidió con Palacios y expresó que los funcionarios están propiciando la violencia, la injusticia y que más hombres se sientan libres de cometer femicidios y demás delitos contemplados en la Ley 779.
Para Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, es una vergüenza la posición de los magistrados que se suman a defender intereses creados por el poder ejecutivo, a quien le interesa más la imagen del país que la realidad que viven las mujeres.
“Lo que les interesa es vender la imagen de que Nicaragua es un país seguro y el decir que cada cuatro días es asesinada una mujer producto de la violencia extrema los deja malparados ante instancias internacionales y eso es lo que no quieren”, dijo Núñez.
Para Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, es profundamente sospechoso que quienes promovieron la iniciativa de ley, ahora se están contradiciendo, sumándose a la voluntad orientada por el ejecutivo. “No tienen autonomía funcional. No hay compromiso para defender, ni proteger los derechos de la mujer”, recalcó Jiménez.
De acuerdo con el monitoreo de mujeres organizadas, en lo que va del año se registran 48 femicidios, mientras que el año pasado se registraron 65, atendiendo los criterios que contiene la Ley 779. De todos los femicidios apenas el cuarenta por ciento de los agresores es detenido, el resto huye o se suicida, por eso los casos que se judicializan son pocos, dijeron en su momento las autoridades policiales y judiciales.
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