Elízabeth Romero
El cambio en la definición del delito de femicidio con que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se sumaron a la minimización de ese asesinato que hizo el subdirector de la Policía, Francisco Díaz, no solo invisibiliza el problema sino que provocará mayor impunidad, aseguran especialistas y defensores de derechos humanos.
Con esto “tratan de vender a la ciudadanía que no hay tantos femicidios, no hay por qué un alerta, cuando han aumentado los asesinatos contra mujeres que la ley los define como femicidios.
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La directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Elvira Cuadra, quien es investigadora en temas de seguridad, consideró que con la nueva interpretación del delito de femicidio “se está causando un grave daño, no solo a la definición de los casos, a la interpretación de la ley, sino a cómo se recogen las estadísticas en este país”.
Y como los delitos quedarán registrados tal y como lo anoten las instituciones, “eso de alguna manera va a trastocar la realidad que tenemos de la epidemia de femicidios en Nicaragua. Más adelante, cuando esa realidad sea más cruda todavía, ese cambio en las estadísticas no se va a poder explicar de ninguna manera”.
Una tipificación equivocada de este tipo de casos también da lugar a políticas y acciones estatales que no están en correspondencia con la verdadera realidad, y lo que llevan es a invisibilizar el problema y por tanto mayor impunidad, señaló Cuadra.
LESIVO AL DERECHO A LA VIDA DE LAS MUJERES
Por su parte el director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié, refirió que esto constituye una evidencia clara de la falta de diligencia con la cual actúan las autoridades respecto a un tema de tanta relevancia como son los femicidios. Y coincide con Cuadra que con esto buscan invisibilizar este problema.
Consideró contraproducente que el Gobierno en lugar de implementar las recomendaciones que le hicieron los estados en el segundo Examen Periódico Universal (EPU), en Ginebra, sobre el tema de la violencia contra las mujeres, pretendan hacer una interpretación que “es restrictiva y lesiva al derecho a la vida de las mujeres y al acceso a la justicia”. Las autoridades de la CSJ deberían actuar con la debida diligencia para prevenir e investigar, sostuvo Ampié.
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