Lucía Navas y Humberto Galo
Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), expresó ayer su preocupación porque no llega respuesta del Gobierno para los pequeños productores que se han quedado sin semillas para sembrar en postrera y apante.
“Sé que el Gobierno está llevando paquetes de comida en estos lugares (afectados por la sequía), pero ¿qué va a pasar a mediano y largo plazo con estos productores? El Gobierno no va a pasar toda la vida dándoles comida, entonces hay que buscar solución”, dijo Healy.
El gobierno ha solicitado al Programa Mundial de Alimentos (PMA) asistencia alimentaria para cien mil familias en 66 municipios del Corredor Seco por cinco meses, el Gobierno se resiste a declarar una emergencia en la zona donde queda poco que comer debido a que la cosecha de primera se perdió y el ganado sigue muriendo.
Helmut Rauch, representante del PMA en Nicaragua, confirmó que la asistencia alimentaria solicitada por el Gobierno es para cinco meses. Aunque espera el PMA que la situación mejore con la cosecha de postrera, “pero en caso adverso, esto (la ayuda) sí tiene la capacidad de extenderse hasta el próximo año”.
ARCE CREE QUE ESTÁ FRENTE A LOS “NO PAGO”
El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, “una situación generalizada realmente no existe” de pérdidas de los cultivos y tampoco hambruna en los municipios afectados. “Hay un problema objetivo en la franja seca y ahí es donde nos está ayudando a paliar el PMA”, afirmó.
Pero lo que preocupa al Gobierno, según Arce, es que al declarar emergencia sea excusa para los agricultores y ganaderos no paguen los créditos a los bancos y las microfinancieras.
“Aquí el problema es que hay gente que cuando tenemos dificultades inmediatamente te dicen emergencia y piensan que emergencia es para no pagar créditos bancarios y eso es una equivocación”, respondió Arce al ser cuestionado.
Si bien Arce recordó que diseñan un Plan B con el que contemplan ayuda de los organismos internacionales si el problema de la producción empeora por El Niño, aún defendió que la economía local es fuerte.
“Lo que pasa —dijo— es que a veces por ignorancia o para confundir se quiere crear una situación generalizada que realmente no existe (…). Yo me imagino que en alguna zona, alguna comarca donde se les perdió toda la cosecha han de tener problemas y es ahí donde se llevan los paquetes alimentarios, pero de eso a decir que hay una hambruna, pues yo no los veo con hambruna a ustedes, andaríamos todos famélicos aquí”.
MAYORÍA DE AFECTADOS NO SON SUJETO DE CRÉDITO
La postura de Arce incomodó al vicepresidente de la Federación de Asociaciones Ganaderos de Nicaragua (Faganic), Álvaro Vargas, al recordarle a Arce que el crédito ganadero representa menos del dos por ciento y el agrícola 3.9 por ciento del Sistema Financiero y “hablamos de medianos y grandes productores que pueden hacer frente a sus deudas”.
“En el Corredor Seco el 99 por ciento son pequeños productores de maíz y frijol, es campesino que siembra para subsistencia y ese no es sujeto de crédito, por tanto, no le debe nada a los bancos, pero hoy es quien está sufriendo porque no llovió”, reaccionó Vargas a lo declarado por Arce.
Para Faganic, al menos el Gobierno debería declarar emergencia focalizada en la zona seca.
Vargas, de Faganic, mandó a Arce a ver de cerca la situación. “Hago la pregunta: si vendiste tu ganado y si no tenés qué cosechar, ni qué sembrar ¿esa no es emergencia para ese productor de la franja seca?”, cuestionó.
COSEP DEJA AL GOBIERNO DECISIÓN
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, manifestó que es facultad del Gobierno decidir sobre la declaración de estado de emergencia por las afectaciones causadas por la sequía.
Honduras y Costa Rica ya declararon la emergencia, pero Aguerri expresó que en cada país la legislación es distinta y hay gobiernos que deben decretar un estado de emergencia para solicitar apoyo al PMA y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). “Aquí no necesitás hacer una declaratoria de estado de emergencia para hacer esa solicitud”, afirmó Aguerri al agregar que este tipo de decisiones deben hacerse de manera justificada.
(Colaboración de Rezaye Álvarez, Tania Sirias, Leonor Álvarez y Génesis Hernández).
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