Carlos R. Flores (*)
En el momento de escribir estas líneas, no han sido aún ni rescatados ni encontrados los cuerpos de los mineros restantes en el yacimiento de Bonanza. Hace unos meses —pocos, en verdad— cuando se había presentado la más reciente tragedia minera, hacíamos la observación que una desgracia de proporciones mayores estaba clara en el horizonte de sucesos de los mineros artesanales. Sin que suene a vindicación lo expuesto, esta es una situación más que proviene de la falta de regulación efectiva —o interés en regular—, este tipo de actividades, entre otros factores diversos.
Quisiera poder abordar el tema de la ética en la minería o los tópicos relacionados con los dilemas que enfrenta la producción y las condiciones en que esta se efectúa, pero para nuestro país, son materias espurias, verdaderos pasatiempos que solamente distraen del spleen o el tedio existencial de académicos, fulgurantes, o bien, de aquellos que se solazan con los temas bizantinos. Tales asuntos son ficcionales en Nicaragua, en donde el solo hecho de pedir un ordenamiento y fiscalización mínima de las actividades riesgosas puede ser visto como algo imposible, con la proverbial actitud con que actúan aquellos encargados de simplemente asumir su rol como reguladores, me refiero tanto a los externos como a los internos desde las propias empresas compradoras finales del oro.
Por eso es que referirse a más propuestas de cambio en la forma en que se ejercen las regulaciones en el área minera, puede ser todo un ejercicio de onanismo mental, ya que comprobadamente, no funcionan. Son esperanzas muertas.
Vivimos en una sociedad globalizada, en la cual la mayoría de nuestros problemas —u oportunidades de mejora— tienen ya sus referentes de solución en otras comunidades organizadas, mucho más proactivas que la nuestra, en donde se han destinado recursos abundantes en paliar y tratar de corregir este tipo de perturbaciones sociales que deja la explotación de recursos en una forma
caótica, anárquica y no exenta de ridiculez; sobre todo cuando se puede ver la ausencia de mecanismos efectivos que disminuyan el riesgo de morir en una actividad como esta, que por su naturaleza peligrosa, es una tarea que debe ser regulada en forma agresiva.
La normativa minera peruana posee un grado de robustez envidiable, al menos desde la plataforma de una necesaria regulación preventiva, cuya efectividad quedará siempre en manos de aquellos que estarían encargados de implementarla. No obstante, se considera que echarle una ojeada a ese cuerpo de regulaciones para encontrar referentes de aplicación práctica a nuestra realidad, debería ser un imperativo de estado, a menos que surjan otras propuestas.
Ojalá que puedan rescatarse vivos los mineros, sería un triunfo nacional, pero todo apunta a que ya los límites de las esperanzas más entusiastas van quedando atrás. Ante un inminente desenlace probable, incluso, el aceitado mecanismo de reacción de algunos, es ya predecible; se hablará de reforzar los procesos extractivos, de supervisar con mayor efectividad, de destinar mayores recursos, de corregir fallas en forma preventiva, de educación más adecuada; pero todo esto corresponde a la naturaleza ya anunciada de aquellos verdaderos expertos en manejar crisis de relaciones públicas en forma tal, que ya tienen definidas y redactadas hasta las frases vacías que aparentan tener algún grado de conmiseración, pidiendo de rodillas al cielo que llegue el próximo escándalo mediático, otro concierto multitudinario, otro artista que nos visite, algún otro alboroto o vocería en los medios con los formidables mecanismos que capturan la anestesiada atención de la gente, para que se olvide rápidamente como un mal sueño una grave situación como esta, la cual generaría en cualquier otra sociedad, investigaciones detalladas en donde se determinarían seriamente las responsabilidades legales específicas —directas o indirectas— y no lo que se visiona como un viejo y gastado argumento —a guisa de traje apropiado para la ocasión— “Fue una tragedia, un terrible accidente, que descansen en paz”.
(*) Consultor en Seguridad Industrial.
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