La Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE) interpuso ayer un recurso de amparo contra los magistrados del Tribunal Nacional Laboral y solicita suspender o anular la sentencia 591 que permite la reducción salarial a un trabajador, favoreciendo al empleador, contraviniendo la Constitución Política y demás leyes laborales del país.
En el recurso de amparo los trabajadores agremiados en la CST recuerdan que el deber del Estado es procurar la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, bajo condiciones óptimas, siendo uno de ellos el derecho a que se respete el salario o remuneración que ha sido pactada con el trabajador y que no debe ser reducido mediante una renegociación forzada disfrazada de consenso.
También recuerda que sentencias como esta pone en riesgo de desconocerse, por parte de los empresarios, los acuerdos tripartitos suscritos en las zonas francas “sobre la base de este oscuro precedente”.
[/doap_box][doap_box title=”” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]591 es la sentencia recurrida ayer por trabajadores, quienes argumentan que pone en riesgo los acuerdos que en materia de salario han sido impulsados y suscritos por las centrales sindicales nicaragüenses[/doap_box]
El recurso fue interpuesto específicamente contra el juez Quinto Distrito del Trabajo de Managua y de los magistrados Olga Elvira Brenes, Aidalina García y José Osejo, quienes por mayoría de votos dictaron la Sentencia 591-2014 el pasado 14 de agosto de este año.
Según el recurso, si bien es cierto una sentencia no produce jurisprudencia, en la práctica deja sentados criterios legales que pueden ser repetidos en sentencias sucesivas.
En este sentido el magistrado Rafael Solís dijo a LA PRENSA que los sindicalistas debían sentirse tranquilos porque una sentencia es para caso concreto y que no formaba jurisprudencia; sin embargo los trabajadores no confían en eso.
“No podemos dejarlo así, porque después de una sentencia aparecen cinco más y sientan jurisprudencia en perjuicio de los derechos de los trabajadores”, indicó Luis Barbosa, uno de los dirigentes sindicales que recurrió ayer.
“TRABAJADORES EN RIESGO INMINENTE”
En dicho recurso, los trabajadores solicitan la suspensión del acto, es decir, declarar inválida la sentencia o anularla, ya que pone en riesgo inminente los derechos de los trabajadores.
“La sentencia 591 ha provocado a los trabajadores nicaragüenses una condición de indefensión legal y desventaja frente a sus empleadores que pueden ahora imponerles la reducción de sus salarios sobre la base de la invocación de los criterios y conceptos de la referida resolución judicial”, se lee en el documento.
Además recuerdan que el artículo 183 de la Constitución Política de Nicaragua limita las atribuciones de cualquier funcionario público al ejercicio de las facultades que les otorga la ley, siendo claro que ningún magistrado puede utilizar su facultad de dictar resoluciones judiciales para violar los derechos constitucionales consignados a los trabajadores en la Carta Magna.
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