El Parlamento de Honduras aprobó la cadena perpetua para quienes cometan magnicidio contra los presidentes de los tres poderes del Estado, operadores de justicia y diputados, informó ayer el diputado oficialista Tomás Zambrano.
El papa Francisco pidió ayer a la comunidad internacional abolir la pena capital, “legal o ilegal y en todas sus formas” y suspender la aplicación de la cadena perpetua, que es “una sentencia a muerte escondida”.
“Es imposible pensar que los Estados no dispongan de otro medio que no sea la pena de muerte para defender del agresor injusto la vida de las demás personas”, manifestó el pontífice en un encuentro con miembros de la Delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal en Ciudad del Vaticano.
El papa alertó de la posibilidad de que al aplicar la pena de muerte “exista un error judicial” o sea utilizada por “regímenes totalitarios y dictatoriales” como “instrumento de castigo a la disidencia política o de persecución contra las minorías religiosas y culturales”.
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Los parlamentarios aprobaron una reforma al artículo 322 del Código Penal, que establece que el delito de magnicidio en contra del presidente de cualquiera de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo o judicial, operadores de justicia y miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad será castigado con penas que van desde los cuarenta años de cárcel a cadena perpetua, indicó.
Zambrano, del gobernante Partido Nacional, dijo en rueda de prensa que con las reformas aprobadas se manda un mensaje claro de que el Congreso Nacional está trabajando en combatir la violencia para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño.
Las reformas al Código Penal fueron aprobadas el miércoles en la noche a puertas cerradas y buscan frenar la violencia que afecta a los operadores de justicia y que ha causado la muerte de al menos 83 desde 2010, indicó el Congreso Nacional de Honduras en un comunicado.
Las dos últimas fiscales asesinadas en Honduras son x y Patricia Eufragio, quienes fueron atacadas a tiros el 11 de octubre en San Pedro Sula por hombres no identificados, caso por el que las autoridades han detenido a cuatro sospechosos.
Zambrano agregó que para los delitos de conspiración y proposición la pena se amplía de cuarenta años de reclusión a prisión de por vida. Señaló que las reformas amplían la pena para el delito de homicidio simple contra los funcionarios mencionados de 15 a 20 años de cárcel.
UNIDAD ANTE INSEGURIDAD
El secretario del Parlamento, Mario Pérez, expresó en la misma rueda de prensa que las reformas aprobadas mandan un mensaje fuerte y contundente de que el poder legislativo va a estar unido en los temas de seguridad y en la lucha frontal contra la delincuencia.
Pérez, correligionario de Zambrano, señaló que la pena por el delito de extorsión, que es de 15 a 20 años de cárcel, tendrá una ampliación de un tercio de la misma.
Según la Cámara Legislativa, los individuos que cometan homicidio en contra de altos funcionarios serán castigados con penas de treinta años a privación de la libertad de por vida.
El diputado Luis Redondo, del opositor Partido Anticorrupción (PAC), señaló que los hondureños pueden tener la confianza de que el poder legislativo va a proteger a los operadores de justicia y quienes persiguen a los delincuentes.
MENORES RECLUTADOS
Por otra parte, ayer, el titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de la Policía hondureña, Leandro Osorio, informó que más de diez mil menores han sido reclutados y entrenados en técnicas de ataque y el uso de armas por bandas criminales que aprovechan que las leyes impiden imputar penalmente a niños.
Osorio se mostró a favor de que en Honduras se revise la edad de imputabilidad de los menores, ya que son presa fácil del crimen organizado que los utiliza para cometer actos ilícitos, como robos, sicariato, tráfico de drogas y extorsión.
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