La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, ve con buenos ojos el ciclo de marchas que se ha desarrollado en el país y las que están programadas para los próximos días en contra de los desalojos de propiedades a causa del Canal.
Para hoy está programada la novena marcha de pobladores en contra del proyecto del Canal. La misma se desarrollará, según sus organizadores, en la Isla de Ometepe. Anteriormente ya lo han hecho en otros municipios de Rivas y Nueva Guinea que consideran están amenazados con el desalojo por estar en la ruta del anunciado proyecto. El Cenidh ha observado varias de estas protestas.
“Me parece muy bien que la gente ejerza su derecho a la protesta porque no pueden esperar resoluciones apegadas a la ley”, expresó la defensora de Derechos Humanos, quien recordó que el derecho a la protesta es un derecho humano.
Al tiempo que indicó: “Es la única forma de reclamar la gente su derecho, porque aquí no hay ley que ampare, porque por muy buenas que sean las leyes quienes las aplican no las aplican de acuerdo ni con la Ley ni con la Constitución, sino de acuerdo a los intereses políticos a los que están sometidos”.
La presidenta del Cenidh advirtió que con la supuesta construcción del Canal “estamos a las puertas de que Nicaragua se convierta en un país que está ejerciendo el desplazamiento forzoso (…) es un delito de carácter internacional”.
A su vez, Núñez señaló que el desplazamiento forzoso solo se ve en países donde se registran conflictos armados, lo que no ocurre en Nicaragua. Si al menos, dijo, las familias hubiesen sido advertidas que serían expropiadas o sus tierras declaradas de utilidad pública, pero hasta ahora el Gobierno lo ha hecho sin apegarse a la Ley.
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