Las manifestaciones realizadas en diferentes puntos del país por ciudadanos cuyos derechos de propiedad se ven amenazados por los concesionarios para la construcción del Canal Interoceánico, lo mismo que la manifestación del pasado 10 de diciembre en Managua con la presencia de organizaciones de la sociedad civil, representantes de algunos partidos políticos, ciudadanos en su carácter personal y delegaciones que viajaron desde diferentes puntos del país, superando las múltiples dificultades que les impusieron para impedirles llegar a la capital, significan un esfuerzo que va más allá de intereses ideológicos y partidarios y una demostración incuestionable de convicción ciudadana.
En realidad, son manifestaciones de protesta por la entrega de la soberanía nacional; la violación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución; la reforma a la Constitución para adaptarla al Tratado Marco y a la Ley 840; los riesgos de contaminación y destrucción del Lago de Nicaragua; los daños ecológicos y medioambientales; los riesgos geopolíticos; y por supuesto, son expresiones de defensa de los derechos individuales, gravemente amenazados por la forma en que se está conduciendo este proyecto.
Todas estas demostraciones de protesta evidencian la reactivación de la conciencia ciudadana y de la sociedad civil, en defensa de los derechos de las personas y de las bases jurídicas y políticas de la soberanía nacional, el Estado de Derecho y la democracia.
Relacionado con lo anterior, y reafirmando la importancia incuestionable que tienen estas demostraciones con respecto al tema del Canal Interoceánico, debe destacarse el hecho de la participación de la sociedad civil mediante acciones concretas de protesta, lo que conlleva a la construcción de ciudadanía y a su reafirmación como fuente del derecho y el poder, a partir de la cual se definen los espacios de actuación del Estado, la sociedad política y la sociedad civil.
La participación de la ciudadanía, permite intentar una respuesta a las preguntas, ¿quiénes la forman?, ¿cómo debe ser su actuación? y ¿cuál debe ser su objetivo?
Con respecto a la primera pregunta, esta se refiere a la naturaleza de la ciudadanía y de la sociedad civil. En este sentido, habría que señalar que entendemos por sociedad civil a una comunidad constituida por un conjunto de ciudadanos, entidades, organizaciones y asociaciones, que aunque no formen parte del sector público, pueden y deben expresar su pensamiento y acción en asuntos de carácter público y social.
En la acción de la ciudadanía, la función que se ejerce, sea individualmente o a través de asociaciones y organizaciones, debe mantener su carácter público, el que es irrenunciable, como sería el caso de los reclamos acerca de la construcción del canal, y el de otros campos como la salud y la educación, por ejemplo, cuya responsabilidad corresponde esencialmente al Estado, pero con la participación activa de la sociedad civil, tanto en la elaboración de las políticas y estrategias, como en la ejecución, supervisión y control de las mismas.
Varios factores habría que señalar para identificar de manera más precisa la naturaleza social y jurídica de la participación de la ciudadanía: la función que realiza; el organismo o entidad que la ejerce; y la coincidencia o discrepancia de su acción con la del Estado, una vez identificados los objetivos y finalidades fundamentales.
En esa dirección se pueden mencionar como actores y sujetos sociales, mediante los cuales se deben ejercer acciones propias de la ciudadanía, tanto a las personas, como a los gremios, asociaciones profesionales, culturales, de defensa del consumidor, movimientos, grupos de participación ciudadana, etc.
En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo debe ser su actuación? La acción de los sujetos debería realizarse en atención a problemas específicos, mediante la formulación de al menos tres tipos de políticas: locales, nacionales y de elaboración de un sistema de control de las actuaciones del Estado.
Las políticas locales exigen un grado de articulación horizontal entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, concernidas en la solución de un tipo determinado de problemas y por lo mismo debidamente relacionadas con las entidades locales y municipales correspondientes.
Las políticas nacionales, entre otras cosas, implican la articulación de proyectos locales, municipales o departamentales, con estrategias nacionales de desarrollo. Se trata de que los proyectos que se realizan con participación de la ciudadanía en circunscripciones específicas, hagan parte, en forma modular, del conjunto de planes y proyectos a nivel nacional, constituidos por las políticas generales del Estado y por la integración de estas con el conjunto de políticas locales o específicas elaboradas. Se busca así la conformación de un sistema en el que participan formas horizontales y verticales de interrelación.
En cuanto a la formulación de un sistema de contrapesos, balanzas y contrapoderes, este es un medio de control y evaluación de los órganos del Estado y de los servicios públicos. Todo ello conduce a la organización de la sociedad civil y la ciudadanía para su participación estratégica en lo político, económico, social y cultural, deviniendo así una verdadera fuerza que contribuye a profundizar la democracia y neutralizar las eventuales actuaciones arbitrarias y despóticas del poder político
Por lo que hace a la tercera pregunta, ¿cuál debe ser su objetivo? Pienso que la acción de la ciudadanía debe desempeñar un papel primordial en la consolidación de la democracia y en la integración social interna. Con una acción de esa naturaleza puede alcanzarse un concepto y realización del desarrollo económico que sea ante todo un verdadero desarrollo social. Su participación debe hacerse teniendo como objetivo un desarrollo integral, democrático, y sobre todo humano.
No se trata, de ninguna manera, de sustituir la función que corresponde a los partidos políticos, sino de fortalecerla al proponer, aunque sea de manera aproximativa, la que corresponde a la ciudadanía, fuente de la soberanía y el poder, sin la cual no funcionan adecuadamente ni el Estado, ni los partidos, ni el sistema jurídico y político de la democracia.
Se trata entonces de construir una verdadera ciudadanía, de estructurar una organización social que realice un papel estratégico en la interacción de sectores fundamentales como el Estado y la sociedad civil.
Sobre todo, debe asumirse su acción y la participación efectiva de la sociedad civil, como partes de una nueva filosofía y una nueva ética de los valores, fundadas sobre un humanismo solidario a partir del cual sea posible redefinir los conceptos, fines, objetivos y estrategias del desarrollo.
Por todo ello, habría que decir que las manifestaciones de protesta de diferentes sectores de la sociedad civil en distintos momentos y lugares, incluyendo, la realizada en Managua el 10 de diciembre pasado, son un testimonio de la reactivación de la conciencia social y del inicio de un proceso de reconstrucción de ciudadanía, tanto en el pensamiento como en la práctica y un mensaje de la voluntad del pueblo nicaragüense, de construir la democracia y el Estado de Derecho cuya base es el respeto a la opinión del pueblo y a la voluntad colectiva de la sociedad nicaragüense.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
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