El Senado de Bolivia aprobó el jueves de esta semana una ley para convocar a un referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República y de los gobernadores provinciales, el cual podría abrir una salida democrática a la profunda crisis política que sufre ese país suramericano. Naturalmente que esto sería posible sólo si el referendo se realizara en condiciones de libertad y transparencia, sin la interferencia extranjera de nadie, ni de Estados Unidos que según el presidente Evo Morales apoya a la oposición, ni de Hugo Chávez y otros gobernantes populistas de América Latina, como el de Nicaragua, que sí se entrometen descaradamente en los asuntos internos de Bolivia y otros Estados.
En realidad, para estar claros de quiénes son los que intervienen en los asuntos políticos internos de Bolivia, basta recordar que apenas hace una semana y media, en vísperas del referendo autonómico de la provincia de Santa Cruz, los gobernantes de los países del Alba se reunieron en la misma capital boliviana para hacer declaraciones amenazantes contra la oposición, para intimidar a los ciudadanos santacruceños y tratar de impedir que votaran a favor de la autonomía provincial y contra el sofocante régimen autoritario y racista del presidente Evo Morales. Y esta misma semana, durante la fracasada Cumbre Alimentaria de Managua que convocó Daniel Ortega, los presidentes de Nicaragua y Ecuador, secundados por el de Honduras, reiteraron su intromisión en los asuntos políticos de Bolivia, a favor de Evo Morales.
La izquierda en general tiene una clara ventaja sobre la derecha democrática, en lo que se refiere a la práctica de la solidaridad y el apoyo multiforme entre sus partidos y gobiernos. En Nicaragua, por ejemplo, mientras el gobierno de Daniel Ortega y su partido FSLN no descansan en sus manifestaciones de respaldo a los regímenes de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y los hermanos Castro en Cuba, los partidos democráticos son indiferentes a los infortunios de sus homólogos en los países dominados por gobiernos autoritarios de izquierda. Las fuerzas democráticas de centro y de derecha luchan en soledad, y sin embargo, los gobernantes izquierdistas y populistas claman incesantemente contra supuestas conspiraciones e intromisiones extranjeras, que son inventadas para justificar los ataques contra la prensa libre y los atropellos a la libertad y los derechos democráticos.
Volviendo al referendo revocatorio de Bolivia, es importante reiterar que podría ser clave para reencauzar a ese país por la senda democrática, siempre y cuando se realice en libertad, con respeto a los derechos de la oposición, con transparencia en la organización de la votación y el escrutinio de los votos, con observación internacional confiable pero sin intromisiones de nadie a favor de uno u otro bando.
La crisis política de Bolivia ha sido causada por el empecinamiento del presidente Evo Morales en imponer su proyecto de “refundación” del Estado y la sociedad, basado en una confusa plataforma ideológica en la que se mezclan conceptos socialistas y populistas con racismo indigenista. Por su parte, con justa razón y derecho las fuerzas democráticas bolivianas contraproponen una reestructuración social e institucional democrática del país, con respeto a la libertad individual y a la libre empresa y en el marco de un sistema de descentralización gubernamental y autonomía de las provincias bolivianas. No es cierto que la oposición quiera el separatismo y la fragmentación del país. Lo que exige es respeto al sistema democrático y a las libertades individuales, convivencia pacífica en libertad y autonomía provincial, dentro de un solo Estado boliviano.
El presidente Evo Morales se comprometió el mismo jueves a promulgar la ley para convocar al referendo revocatorio, mediante el cual el pueblo boliviano decidirá si el Presidente y los gobernadores de provincias deben entregar el poder o terminar su mandato. De todas maneras, si él no promulga la ley el presidente del Senado, en el que la oposición tiene mayoría, está facultado para ponerla en vigor y el referendo se celebraría en los siguientes tres meses.
Aquí en Nicaragua las fuerzas democráticas deberían luchar también por un referendo o plebiscito que por lo menos impida que Daniel Ortega siga violando la ley, atropellando la institucionalidad democrática, arruinando la economía nacional y hundiendo al país en una crisis de imprevisibles y pavorosas consecuencias.
