El domingo recién pasado fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemora la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948.
Cuando se proclamó la Declaración, Nicaragua ya estaba sometida a la dictadura somocista, impuesta en 1936 por el general Anastasio Somoza García, jefe de la Guardia Nacional, cuando derrocó al presidente constitucional Juan Bautista Sacasa, miembro del mismo partido liberal al que pertenecía Somoza y tío de su mujer, Salvadora Debayle Sacasa. Sin embargo Nicaragua fue uno de los Estados fundadores de la ONU, en 1945, y aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, a la que se opusieron sólo los gobiernos de Suráfrica, Arabia Saudí y la URSS con sus satélites de Europa Oriental.
En realidad, muchos países que aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos no eran democráticos ni estaban dispuestos a respetar lo que firmaron. Sin embargo, el solo hecho de su proclamación convirtió a todos los seres humanos en sujetos de derecho internacional. En realidad, la doctrina de derechos humanos vino a ser una de las conquistas más importantes del siglo XX, una verdadera revolución mundial que poco a poco ha venido transformando de manera positiva las relaciones de las personas con los Estados.
En Nicaragua, la violación deliberada y sistemática de los derechos humanos por parte de la dictadura liberal somocista (1936-1979), condujo finalmente a su aislamiento internacional y fue el motivo que tuvo el gobierno estadounidense del Presidente Jimmy Carter, para poner fin a la tradicional política norteamericana de apoyo al somocismo y sumarse al esfuerzo por el derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle. Y en los años 80, las violaciones de los derechos humanos por la dictadura del FSLN fueron también un factor determinante para que la comunidad internacional presionara por un cambio democrático en Nicaragua; lo que ayudó significativamente a la oposición democrática a derrotar al sandinismo en las elecciones supervisadas del 25 de febrero de 1990.
Ahora, con motivo del 52 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, dos de los tres principales activistas de los derechos de las personas en Nicaragua: Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y Lino Hernández, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) -faltó Ignacio Díaz, de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH)-, denunciaron (LA PRENSA, domingo 10 de diciembre) que bajo el gobierno liberal del Presidente Arnoldo Alemán el país ha retrocedido en ese campo.
Según Núñez y Hernández, los retrocesos principales de Nicaragua en materia de derechos humanos son tres: 1) las reformas electorales del pacto libero-sandinista, que restringieron la participación ciudadana; 2) la no aprobación de leyes para fortalecer el Estado de Derecho, como la de Contencioso Administrativo, así como la reducción del presupuesto para la Procuraduría de Derechos Humanos; y, 3) las agresiones del Presidente Alemán contra la libertad de expresión y contra medios y periodistas independientes.
A ese tercer punto hay que agregar la grave amenaza contra la libertad de expresión, por parte de la Asamblea Nacional, que está aprobando una ley para la colegiación de los periodistas y la regulación estatal del ejercicio del periodismo. Esa ley violaría flagrantemente la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 19 establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”.
La ley para la colegiación de los periodistas se está aprobando, inclusive e insólitamente, con la participación de diputados de la oposición democrática, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró desde hace 15 años que la colegiación obligatoria o la autorización estatal del ejercicio del periodismo viola los derechos humanos; y no obstante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, exige a los gobiernos miembros de la Organización abstenerse de dictar leyes de ese tipo. Pero aquí, al parecer, la marcha hacia atrás no se detiene.